Amilivia fiscalizará las cláusulas sociales y ‘verdes’ en los contratos
El Consejo de Cuentas sólo detecta algunos problemas en la falta de transparencia
Mario Amilivia y Luis Fuentes ayer, con mascarillas, antes de la comisión de Cuentas. CORTES DE CYL
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha anunciado ayer durante su comparecencia en las Cortes que el Plan Anual de Fiscalizaciones 2020 del Consejo de Cuentas incluye como novedad el análisis del cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Comunidad correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019.
Amilivia detalló ante la Comisión de Economía y Hacienda su informe sobre ‘La contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma’, uno de los informes de mandato legal que contempla la Ley reguladora del Consejo de Cuentas.
Los informes presentados ayer jueves han sido los relativos los relativos a los años 2015, 2016 y 2017, los tres últimos ejercicios previos a la entrada en vigor en 2018 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, acorde con las directivas de la Unión Europea.
A partir de la información del Registro Público de Contratos de la Administración de Castilla y León y de los órganos de contratación, el Consejo de Cuentas considera que la Administración de la Comunidad adjudicó en 2017 un total de 2.561 contratos -excluida la contratación menor- por importe conjunto de 652 millones de euros.
Tres de los dos ejercicios anteriores registraron una cifra inferior en cuanto al volumen económico de la contratación: en 2015 fueron 2.566 expedientes por importe de 519 millones y en 2016 un total de 2.362 contratos por importe de 621 millones.
En los tres ejercicios, como resultado de los trabajos efectuados, el Consejo opina que, en función de los expedientes examinados conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma cumple «razonablemente» con la legalidad aplicable con salvedades que afectan principalmente al principio de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en el artículo 1 de la citada normativa.
En lo que respecta a la distribución de los expedientes comunicados por los órganos de contratación, el presidente del Consejo de Cuentas ha recordado que solo las competencias sanitarias absorben la mitad del importe total de la contratación de los tres ejercicios analizados.
La suma de sanidad, educación y servicios sociales, es decir la prestación de los servicios esenciales del estado de bienestar, representa las dos terceras partes sobre el importe total de la contratación en la administración autonómica.
De acuerdo a la distribución de los expedientes comunicados según tipos de contratos, se constata que en este periodo de tres años al que corresponden los informes presentados, los contratos de servicios representan un 42 por ciento, los de suministros un 36 por ciento y los contratos de obras únicamente un 15 por ciento.
Amilivia ha indicado que es necesario perfilar el control «con enfoques más específicos y un seguimiento de recomendaciones sistemático».
En esta primera comparecencia ante esta Comisión de Economía y Hacienda desde que se decretase el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha explicado las medidas adoptadas desde la Institución durante este periodo y su apuesta por el teletrabajo.