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Aprueban directrices para impulsar la responsabilidad social de las empresas

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La Junta ha aprobado un acuerdo por el que se establecen directrices vinculantes para impulsar la responsabilidad social en el gasto destinado a contratos y subvenciones y, de ese modo, busca obtener prestaciones de calidad para fomentar la integración social, premiar el esfuerzo de empresas comprometidas con la responsabilidad social, contribuir al asentamiento de la población e impulsar la incorporación laboral a los colectivos desfavorecidos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este acuerdo por el que se establecen las referidas directrices para impulsar la responsabilidad social mediante una ejecución eficiente del gasto destinado a contratos públicos y subvenciones.

Prestaciones de calidad

De esta manera, se pretenden obtener prestaciones de calidad que fomenten la integración social, premiar el esfuerzo de las empresas comprometidas con la responsabilidad social y contribuir al asentamiento de la población.

A través de este acuerdo se cumplen dos de los objetivos recogidos en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León firmado el pasado el 17 de junio de 2020, en los que se acordó reforzar la responsabilidad social en el gasto público e impulsar en el ámbito de la contratación pública el compromiso de la Comunidad con la calidad de empleo y la incorporación laboral de las personas con discapacidad y colectivos desfavorecidos.

La contratación pública como herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para conseguir objetivos sociales fue asumida por la Junta de Castilla y León con la aprobación del Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, y significó un paso importante en la integración de un segmento de población desfavorecida.

Posteriormente, la Junta aprobó el Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, con el objetivo de incrementar la eficiencia del gasto público y utilizar mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.

Este nuevo acuerdo incorpora consideraciones sociales en contratos y subvenciones, esto es, aquellas que contribuyan a garantizar que se cumplen las obligaciones en materia social y laboral, al tiempo que aporten valor social al gasto público mejorando las prestaciones contratadas o incrementando el beneficio social de las subvenciones.

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