La autonomía es la sexta con menos hogares en situación de pobreza
El 4,03% de la población está en riesgo extremo; Andalucía encabeza el listado
Cola para la recogida de alimentos en uno de los bancos para personas en dificultad. ALEJANDRO GARCÍA
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cifra en 850.000 el número de hogar más pobres en España,. 217.538 (25,59%) se encuentran en Andalucía, seguido de la Comunidad de Madrid con 98.786 (11,6%), y la Comunidad Valenciana con 94.084 (11,07%), Cataluña con 88.809 (10,45) y Canarias con 48.720 (8,06%).
Navarra es, por contra, la comunidad con menos hogares en situación de pobreza con 4.371 (0,51 por ciento), seguidos de Baleares y Aragón con un 1,20 por ciento y 1,29 por ciento respectivamente y Asturias con 1,5 por ciento. Castilla-La Mancha cuenta con un 6,49 por ciento de los hogares más pobres, Galicia con un 5,05 por ciento, Murcia con el 5,12 por ciento, Castilla y León con el 4,03 por ciento, Extremadura con el 3,04 por ciento y País Vasco con el 2,72 por ciento.
Ceuta y Melilla concentran, por su parte, el 0,42 y 0,25 por ciento respectivamente de los hogares con menos ingresos.
FALTA CLARIDAD
La asociación ha criticado la «opacidad» con la que se ha llevado a cabo la tramitación del ingreso mínimo vital cuya aprobación está prevista para esta semana. El colectivo considera que la renta mínima deja «importantes zonas de sombra e incertidumbre» y teme que la medida no sirva para paliar las situaciones de pobreza derivadas de la pandemia del coronavirus.
La asociación asegura que la medida deja sin aclarar cómo piensa afrontar «el paradójicamente elevado nivel de no acceso a este tipo de prestaciones por las personas que se encuentran en los niveles más altos de exclusión» y advierte de que los Servicios Sociales de las entidades locales se verán obligados a asumir desde el principio «un aluvión de solicitudes y la orientación e información a los posibles perceptores sobre esta prestación».
En segundo lugar, la organización cree que el cálculo de la capacidad económica para la concesión de la ayuda se va a realizar sobre los datos de renta de un año antes, e incluso dos en algunos casos. «Esto hace que la prestación no sirva para hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia y explica por qué el número de personas beneficiarios y la inversión es sensiblemente menor a todos los estudios publicados». En su opinión, la capacidad económica se debe calcular sobre los ingresos en el momento de la solicitud.
La asociación advierte de que, ante la subsidiariedad de las prestaciones de rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, no se plantea ninguna referencia para evitar que los gobiernos autonómicos no decidan dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales.
MILES DE EXCLUIDOS
Tampoco se plantea la posibilidad de una «pasarela automática» para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas de las Comunidades autónomas. «Esto implicaría la incorporación de más de 300.000 personas que ya son beneficiarias de estas prestaciones, sin necesidad de realizar procedimientos administrativos complejos que retrasarán sin duda la implementación del IMV», considera.
LOS CRITERIOS
Ante este situación, la Asociación Estatal de Directoras y Gerente de Servicios Sociales propone unos criterios básicos para configurar el nuevo ingreso mínimo vital como prestación económica periódica garantizada, de derecho de ciudadanía española, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.
En este sentido, reclaman una renta básica como prestación no contributiva con derecho a prestaciones económicas complementarias por hijos menores a cargo de la unidad de convivencia, y por sostenimiento del hogar, así como derechos reconocidos para toda la ciudadanía española en situación de necesidad, en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia.
También piden la titularidad individualizada del derecho, como derecho derivado de la condición de ciudadanía, y no como prestación vinculada a la «condición laboral» ni al «derecho de alimentos» ni a la categorización de «beneficiario del titular del derecho de la unidad de convivencia», asegurándose especialmente la prevención de la discriminación de género históricamente practicada en el ámbito de prestaciones familiares.