Por Ávila se convierte en el ‘tercer socio’ y da su apoyo al gobierno Mañueco-Igea

Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer el techo de gasto no financiero presentado por la Junta y que alcanza un límite total de 11.621 millones de euros, un texto que salió adelante gracias al apoyo de Por Ávila, cuyo voto se ha sumado a los de los procuradores de PP y Ciudadanos para lograr la mayoría parlamentaria.

En contra del techo de gasto se mostraron el Grupo Parlamentario Socialista, al igual de los dos procuradores que representan a Podemos-Equo, el de UPL y la de Vox, unos sufragios negativos a los que también se sumó el de la procuradora no adscrita, María Montero.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo,presentó ante la Cámara este límite de gasto no financiero para 2022 que alcanza los 11.621 millones, un 5,84 por ciento más que en 2021 y que servirán de punto de partida para los Presupuestos Generales de la Comunidad.

Fernández Carriedo defendió que este techo de gasto está basado en un escenario «realista y prudente» e s en que el crecimiento económico estimado en el 4,9 por ciento, aunque menor al del 5,6 por ciento con el que se prevé cerrar el ejercicio actual.

El consejero explicó que el escenario espera un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 2,4 por ciento y recoge además una tasa de referencia del déficit del 0,6 por ciento, casi la mitad del previsto para este año, lo que, como ha defendido «supone un importante esfuerzo», ya que se trata de una tasa «muy lejana» al 4,4 por ciento que se reserva para la Administración Central.

El consejero citó tres motivos de crecimiento de este techo de gasto, el primero de ellos es la llegada de fondos de la UE que crecen por encima del 50 por ciento, el segundo el cumplimiento de la sentencia sobre la devolución del IVA que supondrá la recepción por parte de la Comunidad de 190 millones —182 por la devolución y el resto derivados de los intereses— y el tercer motivo de este incremento, la evolución positiva de la recaudación de tributos propios que crecen un 5,8 por ciento.

El voto favorable del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, fue determinante para que este techo de gasto saliera adelante tras la pérdida de la mayoría parlamentaria de PP y Ciudadanos. No obstante, insistió en que este respaldo «no es un cheque en blanco» y tendrá que ver que el apoyo «es recíproco» y «revierte» en una provincia «castigada» por el paro.

El documento presentado por la Junta contó con el voto en contra del PSOE porque, como explicó la procuradora socialista Rosa Rubio, este techo de gasto es un «trampantojo».

Así lo señaló Rubio en su intervención en el Pleno de las Cortes. La procuradora acusó a Fernández Carriedo de falta de transparencia y aseguró que los socialistas no van a dar a la Junta su apoyo ante un techo de gasto que «no es el que necesita Castilla y León, no sirve para abordar la recuperación y vuelve a dejar atrás a las personas, a los autónomos y a las empresas».

«La información que usted da a los castellanos y leoneses es mínima y opaca. Ante la cifra más importante del año, 11.238 millones de euros, usted calla y esconde», espetó Rubio al consejero en una intervención en la que denunció la incoherencia del escenario macroeconómico que plantea para 2022 un menor crecimiento económico que en 2021 pero una mayor disminución de la tasa de desempleo, «cuando lo que en realidad sucede en CyL es que baja el paro porque la población con edad de trabajar baja».

La representante socialista criticó un techo de gasto que «no diferencia» entregas a cuenta de los tributos cedidos que no gestiona la comunidad de los que sí gestiona y afirmó que el aumento de 1,53 por ciento, 103 millones de euros en el apartado de ingresos del modelo de financiación «solamente puede venir de unas entregas a cuenta que alcanzan la mayor cifra de la serie histórica: 112.213 millones de euros que expresan el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar los servicios públicos esenciales que prestan las comunidades autónomas y no dejar a nadie atrás.»

También destacó la inclusión por parte del Gobierno de la devolución del IVA del año 2017 «que robó el ministro Montoro y que podría haber llegó antes a la Comunidad si los diputados del PP no hubieran votado en contra de los PGE para 2019».

En materia de transferencias, la socialista Rubio denunció que la Junta «hace trampa» al comparar los datos económicos del año 2021 y 2022, incluyendo en el 2021 el complemento de financiación del déficit por importe de 633 millones de euros correspondientes a subvenciones no reembolsables realizadas por el Gobierno que, destacó Rubio, ha asumido el 1,1 por ciento del déficit y deuda que debería haber asumido la Comunidad y destacó el incremento de un 50 por ciento de los fondos europeos, más de 600 millones de euros.

LA FE FRUSTRADA DE LEÓN

El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, lamentó que el «ejercicio de fe» que hizo en el anterior techo de gasto con su abstención no haya tenido efecto en la provincia leonesa, por lo que ha votado en contra sobre el de 2022.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, David Castaño, criticó al PSOE, de quienes dijo que «viven una contradicción». «Rechazan un techo de gasto que el ejecutivo central, su Gobierno, nos impone», señaló.

Al PSOE le dijo que «hay grupos políticos que van a votar en contra de las recomendaciones del Gobierno de España, y en contra de lo votado por sus propios partidos políticos en el Congreso. Votarán en contra de sí mismos», vaticinó.

Castaño se detuvo en los motivos que hacen de freno para disponer de un límite de gasto más expansivo: «El modelo de financiación autonómica y la ausencia de un fondo covid extraordinario».

LAS QUEJAS DE CS

En referencia al modelo de financiación autonómica, Castaño quiso reivindicar un modelo para Castilla y León más «moderno», que tenga en cuenta el cálculo real de los servicios esenciales. «Aunque, para el Gobierno de España la equidad no existe. Solo existen los intereses electorales. Por tanto, les pido que no abran ese melón porque nada bueno puede salir de una negociación multilateral en este momento».

Castaño criticó la ausencia de un fondo covid extraordinario. «Lo reconoce el Gobierno central pero no ha dado su brazo a torcer ni lo va a dar», para apuntar que Castilla y León precisa de un gasto adicional covid para 2023 de 474 millones de euros por encima del gasto corriente en las consejerías de Sanidad, Educación y Familia.

La procuradora popular Leticia García alabó el techo de gasto presentado por la Junta frente a un Gobierno central socialista que, a su juicio, «perjudica» a Castilla y León. «Nuestro modelo nos coloca en la senda de la recuperación y el suyo no», zanjó.

Los dos procuradores de Podemos, Pablo Fernández y Laura Domínguez, se mostraron en contra de este techo de gasto al carecer de referencias a las personas. «No he escuchado hablar de personas y soluciones, Castilla y León lidera el éxodo de jóvenes a eso debe atender un techo de gasto», señaló Fernández.

En contra también se manifestó la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, quien culpó a la Junta de no cambiar las cosas pese a ver a muchas familias «arruinadas».

«Para ustedes lo importante es seguir manteniendo sus poltronas, manteniendo chiringuitos y gastos superfluos», acusó.