Diario de León
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El borrador de la Ley de Planta y Demarcación Judicial ha despertado en Burgos el recelo de políticos, representantes sociales y empresariales, y de colectivos vinculados con la judicatura, al establecer nuevas salas del Tribunal Superior de Justicia en Valladolid. Representantes de todos los partidos políticos han salido en defensa de la sede burgalesa y se ha llegado a crear una plataforma ciudadana integrada por un variado espectro de colectivos.

El Gobierno autonómico ha tenido que salir al paso de esta creciente bola de nieve para insistir en que Burgos es y será la sede del Alto Tribunal de la Comunidad, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha aclarado por carta que atenderá el criterio del Ejecutivo autonómico.

Ni el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción, ni los de las Audiencias de Burgos y Valladolid entienden el «revuelo» que se ha levantado, en palabras del primero, por cuanto el borrador legislativo no dice nada de cambio de sedes. Cuestión aparte es que Valladolid aumente el número de salas, al crearse una Civil y una Penal.

El artículo 8 del anteproyecto determina, en su primer punto, que los Tribunales Superiores de Justicia «tendrán su sede oficial en la ciudad que indiquen sus respectivos Estatutos de Autonomía» que, en el caso de Castilla y León, es Burgos. El punto 2 del mismo artículo indica que «excepcionalmente, también dispondrán de sede del Tribunal Superior de Justicia las ciudades de Málaga, Sevilla, Valladolid y Santa Cruz de Tenerife».

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