Diario de León

Castilla y León: ocho diferencias al año del primer adelanto electoral de su historia

Doce meses de gobierno entre el PP y Vox han modelado la legislatura en un modelo que podría repetirse en España

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Casi un año ha pasado desde que el 20 de diciembre de 2021 Alfonso Fernández Mañueco pasó a la historia como el primero en anticipar las elecciones autonómicas en este territorio y, como si fuera una especie de ‘dejavú’, estos días de debate presupuestario habla también de un adelanto electoral, en este caso el que le pide al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Desde aquel momento, en estos doce meses de campaña electoral, elecciones, negociaciones y arranque de la legislatura, Castilla y León ha experimentado numerosos cambios y no todos de carácter estético.

De la coalición PP-Cs a pP-Vox

El cambio de socio del PP, de Cs a Vox, ha sido el indicador más evidente de que la política ha cambiado, tanto en el Ejecutivo, presidido de nuevo por un Mañueco que no consiguió su objetivo de gobernar el solitario; como en el Legislativo, presidido ahora por Carlos Pollán (Vox), con un inicio de legislatura marcado por la bronca y escasos avances en aprobación de leyes. Con suspense hasta el último minuto, PP y Vox fraguaron un pacto de gobierno en el que se han visto las costuras más claras con sus diferentes posturas ante la violencia de género y la inmigración o las diferencias a la hora de acercarse a la memoria histórica y democrática, con el comprometido cambio en el Decreto autonómico aún por materializar por la falta de acuerdo.

De Igea a Gallardo

Más allá de los partidos políticos, la figura del vicepresidente del Gobierno autonómico también ha variado en su perfil: de un Francisco Igea (Cs) quejoso por la «traición» de Mañueco se ha pasado a un joven Juan García-Gallardo (Vox) que ahora presume de Gobierno unido y cohesionado, a la espera de lo que deparará el futuro con el PP, en un escenario nacional que puede estabilizar o desestabilizar esa unión. Ambos han acaparado titulares desde su púlpito de vicepresidente, en el caso de Igea más vinculados a la gestión de la pandemia, lo que le situó como pagano de las críticas de sectores económicos como la hostelería, y en el caso de García-Gallardo más por una cruda defensa de los postulados de su partido en temas como la violencia de género —cuya existencia niega—, el que denomina ‘fanatismo climático’ y la memoria histórica.

Presupuestos

Parece que este año no habrá intriga con la aprobación de los presupuestos para 2023. Tampoco lo parecía el año pasado, y finalmente hubo una ruptura entre el PP y Cs por las negociaciones con Por Ávila, que desembocaron en la convocatoria del adelanto electoral, entre reproches de traiciones mutuas entre ambos socios de gobierno. Con la mayoría parlamentaria necesaria al sumar los votos de PP y Vox, no necesitan de terceros partidos para sacar adelante una votación que certifique su acuerdo presupuestario previo.

la reforma sanitaria

Fue uno de los factores que comenzó a prender la mecha interna en la anterior coalición, con una reforma sanitaria planteada por la consejera de Sanidad, Verónica Casado (Cs), que levantaba ampollas entre los alcaldes del PP y, por extensión, en los populares a nivel autonómico. De hecho, en septiembre de 2021 llegaron a votar una iniciativa en las Cortes que pedía la retirada de la reforma. Ahora ese asunto ha quedado postergado y la Junta asegura que mantiene la atención rural tal y como estaba, con la atención intermitente en los consultorios rurales y con problemas en verano por la falta de profesionales y el incremento puntual de habitantes, pero en las últimas semanas, con las protestas de los médicos en Madrid como catalizadoras, se han empezado a observar movimientos, tanto por parte del Colegio de Médicos como de la Consejería, que hablan de estudios y mesas de trabajo para articular soluciones.

Cambios en el lenguaje y el tono

El acuerdo del gobierno de coalición ha implicado también cambios en el uso del lenguaje del Ejecutivo, matizaciones más o menos evidentes, a la hora de abordar determinadas cuestiones como la violencia de género, el cambio climático, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, y también una subida del tono del reproche incluso en las Cortes, con insultos incluidos en aumento, alimentados por el clima de polarización existente. Hay materias, como la violencia de género en la que el pacto entre el PP y Vox incluye cierta libertad a la hora de que Mañueco, por ejemplo, pueda referirse a este problema como una «lacra» que debe combatirse, y a la vez, García-Gallardo pueda negar la existencia de la violencia de género aplicando el lema de Vox de que «la violencia no tiene género». Lo que sí ha desaparecido por completo, incluso tipográficamente, es la referencia de la Agenda 2030 de la ONU a la hora de elaborar los presupuestos, con Vox tratando de sustituirla por su «Agenda España» y el PP manteniendo que da igual que no hablen explícitamente de ella si se mantienen los objetivos de desarrollo sostenible que incluye.

El Diálogo Social, roto

No es que el Diálogo Social, entre el Gobierno autonómico, la patronal y los sindicatos atravesara en 2021 por sus mejores momentos, con un Cs al frente de la entonces Consejería de Empleo e Industria en una línea de recelo hacia los agentes sociales similar a la que ahora plantea Vox, en el sentido de reducir las subvenciones entregadas para su actividad, pero el salto cualitativo ha llegado por la vía de los hechos, con una reducción del 50 por ciento en determinadas ayudas, y también de palabra, con afirmaciones del vicepresidente García-Gallardo pidiendo a los sindicatos que «dejen de estorbar», entre otras lindezas. De hecho, estos días se va a vivir algo inédito en las Cortes de Castilla y León, ya que la mayoría parlamentaria del PP y Vox van a aprobar en su interior la Ley de Presupuestos para 2023 mientras, fuera, los sindicatos rodearán el parlamento con una protesta que anticipa su recurso ante los tribunales.

Memoria Histórica

Fue otro de los puntos calientes de la negociación del Ejecutivo, ya que el planteamiento de partida de Vox era la derogación de la normativa referida a la memoria histórica, en el caso de Castilla y León con un Decreto de Memoria Histórica y Democrática vigente aún y aprobado en la etapa de gobierno de Juan Vicente Herrera. Pese a anunciar que sería en enero cuando se materializarían esos cambios incluidos en el acuerdo de gobierno, el avance únicamente consistió en un comunicado de la Junta en el que afirmaba que comenzaba la tramitación de esta nueva normativa inspirada en la «concordia», pero que aún no se ha concretado. Este es uno de los asuntos que han sido postergados al próximo periodo de sesiones, con Vox anunciando ya que será en ese momento cuando defienda en las Cortes declarar Bien de Interés Cultural una serie de placas, lápidas e inscripciones con algún valor histórico para evitar su retirada.

moción de censura

Fue otro de los ingredientes aludidos por Mañueco para adelantar las elecciones. La suma parlamentaria del PP y Cs había perdido el voto de la procuradora salmantina María Montero (Cs) pocos días antes de la fallida moción de censura que presentó el PSOE contra el presidente, pero el efecto de la pérdida de esa ‘baja’ en la pérdida de la mayoría en las Cortes deterioró la coalición. De hecho, la negociación con Por Ávila no hubiera sido necesaria en caso de haber mantenido esa mayoría parlamentaria. Ahora esa mayoría parlamentaria parece férrea, aislada del cruce de reproches que entre el PP y Vox aparecen en el ámbito nacional y en Madrid.

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