Cataluña prepara el asalto al Archivo

La Generalitat de Cataluña tiene preparado el asalto definitivo al Archivo de la Guerra Civil. En las aproximadamente 500 cajas que están preparadas en los sótanos del Centro de la Memoria para su traslado hasta Cataluña hay documentación de secciones que, hasta ahora y después de los ocho envíos anteriores no se habían tocado, como son las secciones político social de Madrid, Vinaroz y Aragón, o la sección político militar.

La documentación de esas 500 cajas ha sido aprobada por la comisión mixta Generalitat- Gobierno, pese a que contiene documentos tan dispares como algunos vinculados al Centro Israelita de Barcelona, que ya no existe y por lo tanto será imposible devolver a sus legítimos propietarios como marca la Ley. Algo similar ocurre con los documentos de la sección político militar, que en su mayor parte pertenecen a miembros de las milicias de los sindicatos, que a partir de mayo del 37 se integraron en el ejército de la República, que es a quien se le incauta la documentación.

El investigador Policarpo Sánchez denuncia que estos documentos han desaparecido de la base de datos PARES, donde el Ministerio cuelga los archivos digitalizados, desde que a mediados de agosto de 2013 se produjera la última reunión de la comisión mixta en el despacho del director del Centro de la Memoria, y en la que se cerró un listado definitivo de devoluciones. «Las cajas aunque están guardadas en el sótano están a disposición de los usuarios. El truco es que al consultar la base de datos, esos documentos ya no aparecen, y por tanto, no se solicitan», explica Sánchez.

En aquella reunión se aprobó entregar por primera vez objeticos como banderas, pese a que la propia comisión reconoce no saber con exactitud dónde se incautaron; insignias, que se encuentran en la misma situación pero en este caso llama la atención que algunas que están duplicadas se devuelve una y la otra se queda en Salamanca. «Usan la ley a su antojo y cuando tienen dudas del lugar de incautación, lo ponen para Cataluña argumentando que cuando la documentación llegó a Salamanca se mezclaron con otros objetos y por ese motivo no se sabe el lugar donde fueron confiscados», afirma indignado.

También están preparado un envío de 3.000 libros de procedencias diversas y entidades distintas, algunas de las cuales ya no existen. Por primera vez también se han preparado una gran colección de periódicos de la época para ser trasladados.

El último intento de la Generalitat de Cataluña por acelerar el proceso de devolución de esas 500 cajas de documentos ha devuelto a la actualidad la lucha por mantener la integridad del Archivo de la Guerra Civil. Todo parece indicar que el acuerdo previsto inicialmente entre el consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Ferran Mascarell y el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, para la devolución inmediata de esas 500 cajas, no se ejecutará antes de las próximas elecciones, pese al enfado de los políticos de Cataluña.

Frente a ese envío masivo de documentación, el investigador Policarpo Sánchez está a punto de iniciar la batalla judicial para el regreso de unos 120.000 documentos a Salamanca, que a su juicio salieron del Archivo de forma ilegal. El próximo 24 de marzo denunciará a la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por apropiación indebida de documentos e incumplimiento de la Ley de Restitución.

Policarpo Sánchez estará respaldado por algunos de los principales archiveros de Castilla y León, Madrid o Asturias, así como varias familias afectadas por la salida irregular de documentos vinculados a sus familiares, que se han comprometido a defender la causa del investigador. También el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, lo ha respaldado públicamente.

El edil salmantino recuerda que es el patronato del Centro de la Memoria quien debe autorizar la salida y que, por el momento, no está convocada ninguna reunión. «Antes de cualquier traslado debe reunirse el patronato para decidir qué es lo que tiene que salir, y también para ver qué es lo que tiene que volver. Es el patronato el que tiene la última palabra», afirma con contundencia Fernández Mañueco.

Esperar acontecimientos

El PSOE, en cambio prefiere esperar acontecimientos. El portavoz municipal, Enrique Cabero, reconoce que están estudiando la situación y que se reunirá en breve con Policarpo Sánchez. «Me ha hecho llegar alguna documentación que estamos estudiando y que analizaré con él. Desde mi punto de vista, lo primero es comprobar que se está cumpliendo la Ley. Hay algunas valoraciones de investigadores que dicen que no es así, y no debería salir nada nuevo hasta que el Patronato del Centro se reúna y compruebe que se están haciendo bien las cosas. No debe haber prisas», asegura.

Entre los documentos trasladados se encuentran muchos que a juicio de Policarpo Sánchez no tienen ninguna relación con Cataluña y no se incautaron en Cataluña y que contienen documentación de personas de Madrid, Valladolid, Murcia, Santander, Valencia, Zaragoza o Teruel, entre otras provincias.

El investigador defiende que se han trasladado a Cataluña documentos relacionados con un director de un periódico madrileño, en los que se ve que están expedidos y sellados en Madrid; un carnet de identidad de una persona que tiene impresos seis sellos de Valencia; documentos vinculados al Archivo de Vinaroz, en la provincia de Castellón; la documentación de un joyero nacido en La Rioja y que trabajó toda su vida en Madrid; del histórico militante del PSOE asturiano, José Barreiro o documentos privados del presidente de la Casa del Pueblo de Madrid, Edmundo Domínguez.

Entre los papeles que se han trasladado a Cataluña hay muchos vinculados a partidos políticos, y sobre todo a los sindicatos UGT y CNT. Esta última organización ha reclamado públicamente en vano reiteradamente que no quiere que su fondo documental salga de Salamanca. Incluso la Fundación Anselmo Lorenzo contrató a siete personas para describir todos los documentos vinculados a ella que había dentro del Archivo. Posturas contrarias que apenas han tenido repercusión y que no han impedido que dichos documentos ya estén en poder de Cataluña.

Todos los documentos trasladados han sido seleccionados para ser trasladados a Cataluña por técnicos de las distintas empresas contratadas por la Generalitat para rebuscar en el Archivo. Se da la paradoja que mientras en septiembre de 2012, la Generalitat de Cataluña pedía un rescate al Gobierno de España por valor del 5.000 millones de euros, esa misma institución adjudicaba un contrato por valor de 68.204 euros a la empresa Indidoc Digital para que siguiera buscando más documentos ‘catalanes’ en el Centro de la Memoria de Salamanca.