Diario de León

El CES exige a Mañueco y a Pollán que mantengan el Serla para mediar

El documento se aprobó por unanimidad, incluidos los miembros designados por la Junta

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EFE

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El Pleno del Consejo Económico y Social dio ayer, por unanimidad de todos sus integrantes —incluidos los designados por la Junta de Castilla y León—, luz verde a un informe que pide la continuidad y la financiación pública suficiente para la Fundación Serla —el Servicio de Relaciones Laborales—, amenazada por la ausencia de presupuesto del Gobierno autonómico por deseo expreso de Vox.

El informe, que se remitirá al presidente de la Junta, Fernández Mañueco, y al de las Cortes, carlos Pollán (Vox), reclama «financiación y medios adecuados al sistema de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León, para que siga desarrollando ininterrumpidamente sus importantes funciones, evitando la judicialización de los conflictos, contribuyendo al buen funcionamiento del sistema de relaciones laborales y aportando certidumbre al tejido económico y social de nuestra Comunidad».

El documento analiza la evolución del Serla desde su creación a finales de 1997 y destaca su aportación a la resolución extrajudicial de los contenciosos surgidos en el ámbito laboral y empresarial de la Comunidad, en especial para conseguir evitar huelgas, lo que se traduce en un valor económico de horas de trabajo finalmente cumplidas tras llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

El CES subraya que la elaboración de este informe a iniciativa propia fue anterior a la polémica surgida a raíz de que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Mariano Veganzones (Vox), concretó a finales del pasado año que dejaría de aportar los recursos que venía abonando para financiar la actividad del Serla, lo que se materializó así en la Ley de Presupuestos de 2023 vigente.

«La eliminación de la financiación pública del órgano de gestión de los procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales es una medida sin precedentes en el panorama nacional del sistema de solución autónoma de conflictos, ya que la financiación estaba asegurada en el sistema estatal y en las diferentes comunidades autónomas», recuerda el informe del CES, que apela al cumplimiento del espíritu constitucional y del Estatuto de los Trabajadores.

Para el Consejo, el escenario que se dibuja con esta situación está «lleno de incertidumbres y desajustes en el sistema de solución autónoma de conflictos laborales». Desde el punto de vista legal la eliminación del Serla «supondría una vulneración y obstaculización en el legítimo ejercicio de derechos individuales y colectivos».

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