Coag cifra los daños del lobo en 2 millones en 2019 y rechaza el plan del Miteco

Un estudio realizado por los servicios técnicos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) Castilla y León concluye que la población de lobos de la Península ibérica no está considerada como vulnerable y se encuentra comparativamente mejor que la media europea.

En este sentido, avanza que en la Comunidad habitan el 60 por ciento de los cánidos del país, avanza que el pasado año provocaron daños por valor de dos millones a los ganaderos, al tiempo que ha rechazado, por estas razones, el plan de gestión que ha presentado el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

La organización agraria asegura, a través de un comunicado, que en el caso concreto de Castilla y León su estado de conservación es favorable. Además, el estado poblacional ibérico está en continuo aumento numérico --el mayor de la UE a excepción de Alemania que parte de una población muy pequeña-- y de expansión geográfica.

Europa cuenta con 14.000 lobos de los que España tendría unos 2.500, es decir, en torno al 18,5 por ciento. En este marco,  Coag asegura que Castilla y León representaría el 50 por ciento de los lobos de la Península Ibérica y el 60 de los lobos españoles.

Todo esto teniendo en cuenta que España es, junto con Rumanía, los dos países con mayor población de lobos en la UE. "Además, la población al norte del Duero ha aumentado considerablemente en número, manadas y extensión, llegando a repoblar territorios al sur del Duero", explica el informe.

Por tanto, los ganaderos, principalmente, pero también otros muchos colectivos, no entienden que el cánido precise una "protección especial". La organización ha cuantificado las pérdidas por ataques de lobos durante 2019. Así, según datos de la Consejería de Medio Ambiente, atacaron las granjas de la región en 2.579 ocasiones, mataron a 3.774 reses y generaron pérdidas cercanas a los dos millones de euros.

Por todo ello, concluye, no parece que el lobo requiera de "especial protección", como no lo hace en los países del entorno donde las medidas de control son más rigurosas. "Por ejemplo, en Alemania, se permite que los ganaderos disparen a los lobos si estos ponen en peligro a la ganadería; en Francia se considera que el umbral de viabilidad son 500 ejemplares (España tiene 2.500, y más de 1.500 solo Castilla y León); Noruega aprobó la eliminación del 70 por ciento de su cabaña; y en Estados Unidos, tras alcanzar la cifra de 6.000 ejemplares, dejó de ser especie protegida", añade.

Así, señala Coag, mientras en Castilla y León, donde se estima que hay unos 1.500 lobos, se permite un control poblacional de hasta 113 ejemplares (el 7,5 por ciento), en Francia, con un censo de 500 lobos (que era el número que esperaban alcanzar en 2023 pero al que llegaron ya en 2019), se incrementó el porcentaje de ejemplares a abatir desde el 10 hasta el 17 por ciento (85 ejemplares).

"Lo dicho: no sólo no somos los que menos protegemos al lobo sino al contrario, somos sus mayores protectores. Por eso Castilla y León, una de las comunidades más despobladas, es un paraíso para el lobo", añaden.

Coag responde así después de conocer el 'Borrador de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo en España' del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y cuyas conclusiones no han gustado "a todo el mundo", según la organización.

"De momento, todas las Comunidades Autónomas que albergan lobos se han puesto en contra. Radicalmente. Coinciden en que no aprueban la extinción del lobo, pero tampoco la del ganadero. Las comunidades son Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, que cuentan con 12, 37, 84 y 179 manadas de lobos respectivamente. Fuera de ellas, solo hay cinco manadas en España. Son a quienes más afectan y quienes más se han enfadado con la pretensión del ministerio de garantizar la conservación a largo plazo de la especie", añaden.

Para ello quiere alcanzar las 350 manadas de lobo en España para el año 2030, reducir la persecución ilegal del lobo y aumentar entre un diez y un 20 por ciento el área de distribución actual para el año 2030, añaden.

La organización también ha mostrado su disconformidad con el proyecto asegurando que las pretensiones de la ministra puedan acabar con la ganadería extensiva en el norte de España. Rechaza la idea de incrementar en un 20 por ciento las manadas y sobre todo que lo haga a lo "bruto", o sea, sin ningún estudio previo de cuál sería el impacto causado al ganado de cada zona, añade.