Cobrar el IMV no mermará el dinero de la Renta de Ciudadanía

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles por unanimidad la «necesaria y oportuna» modificación de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía (TGC) para que sea compatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que concede el Estado y evitar que los perceptores cobren menos ahora que con la prestación autonómica.

Tras reconocer que el IMV ha sido una «buena iniciativa» del Gobierno por su similitud con la RGC, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha cargado contra la gestión del Ejecutivo central al que ha acusado de haber generado más problemas que soluciones y de haber causado desigualdades que no existían hasta el momento hasta el punto de ser un «trampantojo para determinadas familias» con «repercusiones de especial trascendencia».

Según ha detallado, cerca de 40.000 familias han solicitado el IMV en Castilla y León de las que el Estado ha resuelto 21.500 y se han concedido 6.888 mientras que el resto, 18.500, están sin tramitar. «Esta es la realidad del IMV», ha aclarado Blanco que ha explicado que 3.000 familias tenían RGC que en un 22 por ciento de los casos han cobrado menos con el IMV que con la prestación autonómica con horquillas entre los 10 y los 700 euros.

Pobreza extrema

«Detectada esta situación era prioritario encontrar una solución para apoyar a estas familias muchas de las cuales se encuentran en situación de pobreza extrema», ha explicado la consejera que ha reivindicado la «rapidez» de la Junta a través de una subvención directa a 672 familias por un importe de casi 400.000 euros como «solución provisional» para cubrir la diferencia entre lo que percibían y el IMV, a la espera de la solución «estable y permanente» que llega ahora con la modificación de la ley.