La comisión de ética exculpa a Mañueco y Vox
La Comisión de Ética Pública, bajo la presidencia del consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, desestimó por unanimidad las denuncias planteadas por el procurador de Cs, Francisco Igea, contra actuaciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox).
Igea denunció el posible incumplimiento del Código Ético del Ejecutivo autonómico por la asistencia del presidente a la final de la Liga de Campeones disputada en París, al aparecer en fotografías con empresarios que habían contratado con la Administración y no aportar la Junta documentación sobre ese viaje, calificado por el propio Mañueco como privado.
En el caso del vicepresidente, la denuncia de Igea se centraba en la asistencia de García-Gallardo invitado a una corrida de toros celebrada en el municipio burgalés de Roa de Duero el pasado 17 de agosto, sin que este acto estuviera anunciado en su agenda pública.
«PELIGROSO PRECEDENTE»
Los integrantes de la somisión, en la que ejercen de vocales la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Burgos Elena Vicente, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León Miguel Díaz y García-Conlledo y el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, dijeron que corresponde al denunciante presentar alguna prueba o indicio de que se ha incurrido en el incumplimiento del código ético.
Los vocales plantean que sería un «peligroso precedente» emprender una investigación sobre este caso que afecta al presidente de la Junta, ya que supondría que los denunciados tendrían que estar «demostrando de forma permanente su inocencia».
Sobre el caso de Gallardo, el acta plantea también que el Código Ético exceptúa la obligatoriedad de renunciar a invitaciones, comidas o entradas a cualquier tipo de espectáculo o acontecimiento deportivo, lúdico o cultural cuando «obedezcan a criterios de representación institucional que figuren reflejados en la agenda pública». Una de las vocales, la catedrática Elena Vicente plantea que «sería deseable que aquellos actos que se pudieran prever , sean agendados con antelación».