La Comunidad ocupa el sexto lugar del país en uso de armas

La Comunidad de Castilla y León se ha situado en sexto lugar en relación con las demás autonomías en cuanto al número de delitos en los que se usan armas de fuego denunciados ante la Guardia Civil, con el 6,44, mientras Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha acaparan la mayor cantidad de delitos con utilización de estos instrumentos.

Sólo en el 0,5 por ciento de los delitos denunciados ante la Guardia Civil se usan armas de fuego, en general con carácter intimidatorio más que con ánimo de matar, y la mayoría son transformadas o tuneadas, según un estudio de este cuerpo policial, que sitúa a Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha como las autonomías donde más se utilizan.

Estas conclusiones se extraen del informe ‘Empleo de armas de fuego para la comisión de delitos’, realizado por la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil, con datos de 2019.

Como explican los responsables del estudio, se trata de una aproximación al empleo de armas en el ámbito de competencia de la Guardia Civil en delitos perpetrados por lo que denominan delincuencia profesional (organizada o común), más que en los cometidos por un «arrebato», generalmente no planificados.

Y han sacado otra conclusión: aunque no es fácil completar la trazabilidad de las armas, la Guardia Civil, dentro de las investigaciones desarrolladas por delitos cometidos con ellas, no ha detectado que procedan de mercados ilícitos. Se constatan más bien casos más vinculados con la rehabilitación de armas de fuego previamente inutilizadas, con la transformación de armas detonadoras e, incluso, con el robo o la pérdida de armas reglamentarias.

Los autores dejan claro que el estudio sólo se refiere a la demarcación de la Guardia Civil y no quieren extrapolar sus conclusiones a los territorios competencia de otras policías.

Aún así, la UTPJ ha analizado las más de medio millón infracciones penales conocidas por la Guardia Civil el pasado año. Y de ellas, solo en un 0,52 % de los casos se emplearon armas cortas, largas, de gas o de aire comprimido (estas últimas cada vez más usadas para su transformación en armas de fuego) y las prohibidas. En un 39 por ciento de los casos se usaron armas cortas.

Del informe también se extrae que es Andalucía la comunidad donde se conocieron más delitos en los que se hizo uso de un arma de fuego, con el 31,16% del total, por delante de la Comunidad Valenciana (14,12%) y Castilla-La Mancha.

El narcotráfico explica esa primera posición de Andalucía, mientras que el segundo puesto de la Comunidad Valenciana se justifica en un gran número de viviendas y el de Castilla-La Mancha en su situación geográfica «encajonada» entre Madrid y esas dos autonomías citadas.

Tras esas tres se sitúan Madrid, con el 8,37% del total; Murcia (6,55%), Castilla y León (6,44%), Galicia (5,11%), Extremadura (3,98%), Canarias (2,95%), Aragón (2,88%), Cantabria (2,68%), Baleares (2,61%), Asturias (1,33%), Navarra (0,64%) y La Rioja (0,42%), además de Ceuta (0,23%) y Melilla (0,42%). Los datos de Cataluña y País Vasco son poco representativos en la Guardia Civil al tener policías autonómicas integrales.

ROBOS Y DROGAS

¿En qué delitos se usan más las armas de fuego? Según el informe, en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, es decir, fundamentalmente en robos y tráfico de drogas, que representan el 43 por ciento, o lo que es lo mismo, en 1.084 de los 2.641 citados.

Le siguen los delitos contra el orden público (19 %) y contra la libertad (17 %). Solo el 3 % del total de hechos delictivos en los que se usaron armas fueron homicidios.

La Guardia Civil intervino el año pasado 42.366 armas, de las que 3.644 eran de fuego o podía hacerse fuego con ella. Y precisamente, casi la mitad (un 47,2 %) eran largas (rifles, escopetas, carabinas...), hasta un total de 1.720.

Respecto a las armas cortas (pistolas y revólveres), representaron el 19,65 % (un total de 719).