Condenado el presidente de Retomar por explotación laboral de toxicómanos
La Audiencia de Valladolid ha condenado a un total de ocho años de cárcel al presidente nacional de Retomar, J.M.G, que fue juzgado por explotación laboral de los toxicómanos y alcohólicos que tenía a su cargo y por contrabando de tabaco que ejercía desde las instalaciones de su asociación.
La Sección Cuarta de lo Penal considera al encausado autor de sendos delitos contra los derechos de los trabajadores y de un delito de contrabando y resuelve imponerle cinco años de cárcel por el primero, dos por el segundo y otro año más por el tercero, junto con una multa global de 503.000 euros, la suspensión de la actividad de su mercantil por diez años y su inhabilitación para el derecho a percibir subvenciones públicas e incentivos fiscales por espacio de dos décadas, según la sentencia publicada por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La responsabilidad civil y la deuda tributaria y aduanera defraudada e intereses que se indemnizará a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se determinará en ejecución de sentencia. El mismo fallo, por contra, absuelve a su esposa, M.J.P, que compartió banquillo con el primero, para quien el fiscal del caso había pedido doce años de cárcel y ocho para ella--la excluía únicamente del contrabando--, mientras que la Abogacía del Estado interesaba cuatro años para cada uno por el referido delito. «Obviamente, J.M.G. es el presidente del Centro Retomar desde el que se llevan a cabo las actividades antes mencionadas y todos los internos declaran que es él quien los envía a trabajar, es él quien cobra las facturas, es él quien les capta, quien dirige el centro, quien les impone todas las condiciones y quien ordena la carga y descarga del tabaco, su prensado y su comercialización», resume el tribunal en referencia a las labores que parte de los residentes realizaban en una empresa de plásticos y respecto del delito de contrabando. El condenado se defendió diciendo que Retomar, titular de un centro de rehabilitación en Mojados (Valladolid), jamás se dedicó a la «captación» de personas marginales por su condición de adictas al alcohol o las drogas, sino que eran ellas las que llamaban a sus puertas en busca de ayuda.
Y era en sus instalaciones, según relató, donde él y su esposa les ofrecían una salida en forma de terapias ocupacionales, charlas individuales y colectivas y trabajos varios, entre los que reconoció labores de reciclaje de plásticos en una factoría del sector en el Polígono Industrial de Villamuriel (Palencia), donde los elegidos, como así precisó, estaban dados de alta en la Seguridad Social y cobraban en nómina.
Aunque el día 30 de agosto de 2016 la Guardia Civil realizó una inspección en dicha factoría y encontró a doce operarios de Retomar, con sólo cuatro de ellos dados de alta, J.M.G. sostuvo que casualmente en esa fecha se vio obligado a mandar más trabajadores desde Retomar debido a que la empresa de plásticos había llamado porque tenía un exceso de material.