El Consejo de Cuentas insta a concluir la ordenación del territorio en el ámbito rural
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha apelado a las Cortes autonómicas a concluir la ordenación del territorio en el ámbito rural para avanzar con las medidas previstas de la Ley de Ordenación de Servicios y Gobierno (Lorsergo).
En el informe que el Consejo ha entregado este lunes al Parlamento regional, recuerda que en la actualidad el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio no ha sido aprobado y sólo se encuentran definidas las áreas funcionales estables en el ámbito urbano, con cinco únicas mancomunidades de interés general urbanas declaradas, como son las de 'Valladolid y Alfoz', 'Benavente y Alfoz', 'Medina del Campo y alfoz', 'Zamora y Alfoz' y 'León y alfoz'.
El informe también recomienda a la Junta de Castilla y León reorganizar las actuales mancomunidades ordinarias mediante su disolución o transformación en mancomunidades de interés general.
El Consejo de Cuentas recuerda que la administración autonómica no ha creado las oficinas integradas en las que de forma común se puedan prestar los servicios de información, registro y, en su caso, tramitación de los procedimientos administrativos, toda vez que las mismas están vinculadas en su ámbito de actuación a las Ubost, cuyo mapa "se encuentra pendiente de aprobación".
Desde la entrada en vigor de la Lorsergo en la Comunidad se han aprobado dos leyes de atribución expresa de competencias a las entidades locales, en 2018 la Ley de transporte público de viajeros por carretera y, en 2019, la Ley de la Actividad Físico-Deportiva.
Según recuerda el Consejo de Cuentas, la primera "no ha implicado cambios sustanciales en la atribución de competencias a los municipios", respecto a las que ya se encontraban recogidas en la precedente normativa sectorial.
No obstante, se aprecia "un escaso grado de eficacia" en la implantación en el ámbito rural de los servicios integrados zonales regulados en este texto normativo, debido a la falta de aprobación del mapa de las Ubost.
Tampoco se ha adaptado, advierte el Consejo, el diseño del mapa concesional del transporte interurbano de viajeros por carretera de Castilla y León a las previsiones de la Lorsergo.
Impacto en los gastos de entidades locales
En cuanto a la Ley de la Actividad Físico-Deportiva, recalca que "no incrementa el ámbito competencial de municipios y provincias", sino que la extensión de este tipo de competencias al resto de entidades locales, en particular a las entidades locales menores, puede generar "un impacto en su estructura de gastos e ingresos", extremo que "no ha sido objeto de valoración en el procedimiento seguido para la aprobación de esta norma".
En cuanto a las mancomunidades urbanas, el informe subraya que las medidas adoptadas en este ámbito "no han obtenido resultados satisfactorios", pues en las 14 áreas funcionales estables declaradas, únicamente se han constituido cinco, es decir, la tercera parte de las áreas funcionales estables, y de los 302 municipios que forman parte de dichas áreas, menos de la cuarta parte han pasado a integrarse en alguna de las cinco urbanas.
Aunque esta circunstancia no contraviene la normativa, de mantenerse en el tiempo "podría entrar en colisión con los principios de eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
Las funciones relacionadas con parques y jardines es la que mayor número de asignación competencial a las mancomunidades urbanas acumula (16), seguidas de las competencias sobre ordenación del tráfico y del estacionamiento (13), promoción cultural (doce), alcantarillado (once) y transporte público de viajeros (once).
La falta de aprobación del mapa de las Ubost rurales impide, subraya el informe, la constitución de mancomunidades de interés general rurales, circunstancia que puede representar "un condicionamiento para la reorganización de las actuales ordinarias".
Por lo que se refiere a las cinco urbanas, "ninguna puede ejercer de forma efectiva las competencias y funciones recogidas en sus estatutos al no haberse adoptado los acuerdos necesarios especificados en la normativa".
En 2019 y en 2020, de las 275 mancomunidades de municipios existentes en Castilla y León (274 en 2019) únicamente habían remitido la información sobre costes efectivos 72 y 82 mancomunidades, respectivamente, de las cuales, ocho y seis mancomunidades, todas ellas ordinarias, integraban municipios pertenecientes a cuatro de las cinco urbanas declaradas con tal carácter en la Comunidad.
El Consejo de Cuentas requirió a las cinco que aportasen copia de los expedientes de aprobación de los presupuestos de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, y copia de los expedientes de liquidación de los presupuestos de 2020 y 2021.
Rendición de cuentas
La de León y alfoz remitió toda la información, mientras que Valladolid aportó únicamente la referida al presupuesto de 2022; Benavente y Zamora informaron de la falta de aprobación de los presupuestos de los ejercicios solicitados y de sus liquidaciones, y Medina del Campo "no respondió", de modo que de las cinco, "sólo la de León y su alfoz ha rendido la cuenta general del ejercicio 2020".
En la fecha de elaboración del presente informe no se tiene constancia de la aprobación por parte de la Consejería competente en materia de administración local de la orden que marque los criterios mediante los que las mancomunidades calculen el coste efectivo de las competencias y funciones que presten.
Por su parte, las Diputaciones de Burgos, León y Valladolid no han concedido las ayudas previstas en la Lorsergo para las existentes en su territorio, en tanto que la Consejería de la Presidencia remitió la información solicitada referida a la convocatoria para la concesión de subvenciones a mancomunidades y otras entidades locales asociativas correspondientes a los ejercicios económicos 2020 y 2021 previstas en la ley.
Ninguna mancomunidad de interés general presentó solicitud de subvención para el ejercicio 2020, mientras que para 2021 sólo presentaron solicitudes León y alfoz y Medina del Campo y alfoz, si bien respecto a esta última consta el inicio del procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención.
Sobre la fusión de municipios, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior no estableció ninguna línea de ayuda específica para la fusión de municipios desde la entrada en vigor de la Lorsergo.
El Consejo de Cuentas ha realizado cinco recomendaciones, la primera de ellas que las Cortes "deberían concluir la ordenación del territorio en el ámbito rural" mediante la aprobación de la ley que incluya el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, condición "necesaria para avanzar en la implantación de las medidas previstas en la Lorsergo".
Por su parte, la Consejería de la Presidencia "debería impulsar las medidas tendentes a reorganizar las actuales mancomunidades ordinarias", mediante su disolución o transformación en mancomunidades de interés general, al tiempo que "debería adoptar las medidas de coordinación interadministrativa y eficiencia de los servicios", en el desarrollo de competencias propias previstas en la ley.
Por último, subraya que las cinco mancomunidades de interés general existentes en la Comunidad y sus municipios asociados "deberán adoptar los acuerdos previstos en sus estatutos dirigidos a dar efectividad sus competencias y funciones" y la Junta de Castilla y León "debería completar el desarrollo reglamentario de la Lorsergo".