El Consejo de Cuentas presenta tres informes sobre entidades locales

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha comparecido hoy en las Cortes de Castilla y León para presentar tres informes de fiscalización relativos al ámbito local. En esta segunda comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda desde que se decretase el estado de alarma, Amilivia ha recordado que, con arreglo al Real Decreto 537/2020 de 22 de mayo, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará el 1 de junio.

En este sentido, con datos a 21 de mayo, han sido un total de 289 las entidades locales de la comunidad que han comunicado dificultades para el cumplimiento de los plazos respecto a las obligaciones de rendición de cuentas o de remisión de información relativa al control interno, contratos o convenios. A dichas entidades se les ampliarán los plazos en la forma que determine el Tribunal de Cuentas. 

Amilivia ha dado cuenta igualmente del estado de los trabajos de fiscalización. En el actual mandato ha comparecido en 10 ocasiones para exponer un total de 34 informes, que suponen casi un 20% sobre el total histórico de 194 fiscalizaciones realizadas por el Consejo de Cuentas. Tras la sesión de hoy, quedan 7 informes ya aprobados y pendientes de comparecencia, sin perjuicio de la quincena de trabajos correspondientes al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2019 que se irán aprobando en los próximos meses y de las 6 auditorías ya iniciadas del Plan 2020.

Los informes

El informe sobre los acuerdos contrarios a reparos en las entidades locales de la comunidad, así como de la información remitida en virtud del artículo 218 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que el Consejo de Cuentas ha realizado en dos años consecutivos, el primero referido a los ejercicios 2014-2015 y el segundo a 2016, es iniciativa de la Comisión de Coordinación en el ámbito local del Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo.

La Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local estableció que el órgano interventor debe remitir anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente de la entidad local y por el pleno de la corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. En desarrollo de dicha previsión normativa, el Tribunal de Cuentas aprobó en 2015 la instrucción que regula la remisión telemática de dicha información, incluyendo también los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

Ambos informes contienen una parte general con datos agregados de la información correspondiente a los respectivos ejercicios remitida por los órganos de intervención y otra parte específica donde se examina la documentación sobre una muestra de expedientes de 22 entidades que incluye los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes y las diputaciones.

Como limitación a su alcance, el presente trabajo de fiscalización se ha visto afectado por la falta de remisión de la información establecida legalmente por parte de un total de 2.215 entidades, principalmente entidades locales menores, en el ejercicio 2016. En 2014 esta limitación por falta de remisión de la información afectó a 2.363 entidades y a 2.404 en 2015.

Respecto a la información remitida, el 96% de las entidades emitieron certificación negativa para acreditar la ausencia de incidencias en los tres apartados, 1 punto más que en 2015. Las entidades que comunicaron la existencia de acuerdos contrarios a reparos fueron 97 en 2016, 115 en 2015 y 99 en 2014, lo que representa entre un 4% y un 5% del total de entidades locales que remitieron información. En el ejercicio 2016 se presentaron en total 2.661 acuerdos, por un importe de 97 millones de euros. En 2015 fueron 3.085 acuerdos por importe de 89 millones y en 2014 un total de 2.298 acuerdos por un importe de 98 millones.

En relación a las seis recomendaciones emitidas por el Consejo de Cuentas en ambos informes, han sido ya objeto de análisis en cuanto a su aplicación por los entes auditados en el último informe de seguimiento realizado, el correspondiente al ejercicio 2018, en el que se incluyó la primera de las dos fiscalizaciones hoy presentadas, relativa a los años 2014 y 2015. El Consejo envió un total de 38 recomendaciones a las 22 entidades locales que integran la muestra para que se pronunciaran sobre su cumplimiento. De ellas, un total de 18 fueron aplicadas total o parcialmente y otras 9 tomadas en consideración, sumando por lo tanto un grado de aceptación de las recomendaciones 71%.

Ayuntamiento de Burgos

Este informe, del Plan Anual de Fiscalizaciones de 2018, analiza diversas áreas de la actividad económico-financiera del ayuntamiento y de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes, así como de los consorcios que tiene adscritos. 

Sus objetivos fundamentales fueron la comprobación y análisis de los aspectos de carácter presupuestario relacionados con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el cálculo y destino del remanente de tesorería y los principales indicadores de la ejecución del presupuesto. En segundo lugar, verificar y analizar los aspectos de carácter financiero relacionados, por una parte, con el endeudamiento y el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera, y, por otra, con las obligaciones derivadas del cálculo del coste y rendimiento de los servicios públicos. Y, por último, verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las subvenciones concedidas por la entidad local, tanto en régimen de concurrencia competitiva como en concesión directa.

Los créditos y previsiones iniciales del ayuntamiento ascendieron a 198,4 millones de euros y teniendo en cuenta los entes dependientes, el presupuesto consolidado (elimina las transferencias internas) se cifró en 228,5 millones.

Amilivia concretó que el informe contiene 51 conclusiones. Según la opinión del Consejo, se incumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera en la liquidación del ejercicio 2016, teniendo en cuenta, la incidencia del endeudamiento de los Consorcios Variante Ferroviaria y Villalonquéjar. En relación a ello, se cumplió con la obligación de aprobar un plan económico-financiero, cumpliéndose también las previsiones de dicho plan sobre estos objetivos en la liquidación del ejercicio 2017.

El ayuntamiento mantiene un remanente de tesorería para gastos generales superior a 55 millones de euros en la liquidación de 2016 y de en torno a 45 en la de 2017, lo que le ha permitido realizar amortizaciones anticipadas de créditos. La entidad cumplió con el límite de deuda o principio de sostenibilidad de la deuda financiera en la aprobación del presupuesto de 2016 al situarse el capital vivo en el 52,2% de los ingresos corrientes liquidados. Sin embargo, en la liquidación de 2016, con la asunción de una parte de la deuda financiera del consorcio de la Variante por 47.7 millones, el porcentaje subió hasta el 62,9%. Además, integrando la deuda con entidades de crédito del Consorcio de Villalonquéjar, por 114.1 millones, el porcentaje alcanzó el 121,7%, superándose el límite legal.

Con el plan económico-financiero 2017-2018 del ayuntamiento, en la liquidación de 2017 se consiguió reducir el nivel de deuda por debajo del 110%, incluyéndose la deuda del Consorcio Villalonquéjar, de la que el ayuntamiento asumió 28.4 millones.

Un 36% de la deuda financiera del ayuntamiento corresponde a la deuda asumida del Consorcio Variante Ferroviaria. La deuda de este consorcio en 2016 ascendía a 118 millones de euros y la del Consorcio Villalonquéjar a 114 millones. En 2017, el endeudamiento del ayuntamiento y estos dos consorcios adscritos se sitúa en alrededor de 334 millones, no rindiendo ninguno de ellos sus cuentas. En virtud de diferentes acuerdos y convenios, las aportaciones del Consistorio al Consorcio Villalonquéjar superan los 23 millones de euros y al de la Variante, los 12 millones.

Durante 2016, un 56,9% del endeudamiento financiero -cerca de 13 millones de euros- corresponde a créditos a largo plazo para inversiones, un 36,7% a la deuda asumida del convenio del consorcio de la Variante y un 6,4% a la devolución de la participación en los tributos del Estado de los años 2008 y 2009. La única operación a largo plazo concertada en 2016 respondió a la asunción de una parte de la deuda financiera (identificada como tramo B) del Consorcio de la Variante Ferroviaria, por 47 millones de euros, en virtud del convenio firmado el 21 de noviembre de 2016.

En 2017, el endeudamiento correspondiente al propio ayuntamiento se sitúa en alrededor de 61 millones de euros, el del Consorcio de la Variante en unos 163 y el de Villalonquéjar supera los 110, lo que arroja una cifra total de endeudamiento financiero de la entidad local y sus dos consorcios de 334 millones de euros.

El análisis de los indicadores financieros del ayuntamiento en relación a la media de capitales de provincia revela que tanto el endeudamiento financiero por habitante, como la carga financiera del ejercicio y la carga financiera por habitante se sitúan por encima de la media. El coeficiente de endeudamiento se sitúa por debajo de la media, si bien este dato no incluye el endeudamiento del Consorcio de Villalonquéjar. Todos estos indicadores superan a la media en 2017.

En relación a la deuda comercial, los periodos medios de pago del ayuntamiento se sitúan entre los 26 y 45 días, siendo algo por debajo de los 30 días en el mes de diciembre, cumpliéndose el principio de sostenibilidad de la deuda comercial.

En relación al coste y rendimiento de los servicios públicos, la contabilidad del ayuntamiento no permite determinarlos de forma directa y automatizada, lo que resta fiabilidad a la información existente sobre costes y, particularmente, a la incluida en la Memoria justificativa que debe elaborarse al respecto, acompañando a la Cuenta General. En la información comunicada al Ministerio de Hacienda y Función Pública se deduce que los costes efectivos para la entidad local ascienden a 121.6 millones de euros, a los que se añaden los costes de sus entes dependientes: para el organismo autónomo de Cultura y Turismo, 6.3 millones; para el de Fomento, 1.3; para la Sociedad Municipal de Aguas, 18.2 y para la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Burgos, 5.6.

El ayuntamiento ha aportado a sus consorcios adscritos 37.1 millones. Al de Villalonquéjar 23.6, al de la Variante Ferroviaria 12.6 y al del aeropuerto -liquidado y extinguido- 900.000 euros. A 31 de diciembre de 2017, la cifra del endeudamiento financiero de sus dos consorcios adscritos, asumida de forma directa por el ayuntamiento, ascendió a 76.1 millones de euros. Ambos acumulan importantes cifras negativas de resultados de ejercicios anteriores.

En cuanto al análisis de las subvenciones, no se dispone de un plan estratégico en el que se fijen los objetivos y efectos perseguidos, ni de un sistema de seguimiento que permita valorar resultados y niveles de eficacia y eficiencia. Se produjeron incumplimientos de determinados preceptos y requisitos en las fases del procedimiento de concesión de subvenciones. Durante 2016 el ayuntamiento tramitó 21 líneas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva frente a 76 en régimen de concesión directa. El ejercicio de la fiscalización previa limitada no se ha visto completada con una actuación posterior de control financiero.

Como consecuencia de las 51 conclusiones y de la opinión emitida, el Consejo de Cuentas realiza 18 recomendaciones.

En relación a la estabilidad presupuestaria, que Intervención solicite la sectorización de la Fundación Proyecta Burgos -que ha sido dada de baja- y de la Asociación Plan Estratégico Ciudad de Burgos -ya sectorizada, de acuerdo con los datos del Consejo- entidades dependientes del ayuntamiento por control efectivo.

También, que el informe de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda deberá tener carácter independiente y deberá referirse, además, a la situación o posición de equilibrio financiero de todas las entidades dependientes o adscritas no incluidas en el sector administración pública. 

Recomienda medidas que permitan aplicar el principio de anualidad o temporalidad de los créditos, de forma que se contraigan en el estado de gastos del presupuesto en vigor las obligaciones derivadas de prestaciones y servicios realizados en el ejercicio. Así como que el órgano de gestión recaudatoria mejore el grado de realización o recaudación de derechos mediante la declaración de fallidos o insolventes y procediendo, en su caso, a la baja en cuentas de las deudas.

Sobre el endeudamiento, se aboga porque el consistorio continúe controlando y adoptando medidas para reducir su nivel de deuda debido a la incidencia que en esta tienen sus dos consorcios adscritos.

En relación al coste y rendimiento de los servicios públicos se recomienda la implantación de un sistema de contabilidad analítica para el control de la gestión.

Que los dos consorcios deben sujetarse al régimen de presupuestación, contabilidad y control del ayuntamiento, rindiendo las cuentas según la normativa vigente e incluyendo los estados de gastos e ingresos como anexos al presupuesto general.

En cuanto a las subvenciones, se recomienda que la ordenanza correspondiente se adecúe a la Ley General de Subvenciones, que el consistorio y el organismo autónomo de Cultura y Turismo deberían implantar un plan estratégico a fin de elevar los niveles de eficacia y eficiencia de las subvenciones y que el procedimiento ordinario sea el de la concurrencia competitiva, no el de concesión directa.