jueves. 07.07.2022

El Consultivo pide a la Junta tener en cuenta el impacto demográfico al elaborar normas

El organismo destaca los desequilibrios interprovinciales con León, Zamora y Palencia en el grupo de mayor riesgo

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha emitido un informe, a iniciativa propia, por el que propone formalmente a la Junta de Castilla y León que incorpore la evaluación del impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de normas.

La institución autonómica con sede en Zamora ha puesto de relieve que esta petición está en consonancia que la preocupación que ha mostrado en reiteradas ocasiones por los retos demográficos a los que se enfrenta Castilla y León, ha informado el Consultivo en un comunicado.

En su informe, el Consultivo ha destacado los desequilibrios interprovinciales, con un grupo de mayor riesgo demográfico en el que figuran Zamora, junto a León y Palencia, un segundo grupo que engloba a Ávila, Salamanca y en algunos indicadores también Soria, y un tercer grupo que está en mejor situación que incluye Burgos, Valladolid y Segovia y, en algunos indicadores Soria.

Además, según ha puesto de relieve el Consultivo en su informe, Castilla y León figura entre las Comunidades Autónomas «muy vulnerables» en cuanto a reto demográfico. También ha subrayado en su informe el envejecimiento poblacional, especialmente relevante en Zamora, León, Palencia, Salamanca y Valladolid.

Los retos demográficos, a juicio de esta institución, ponen a prueba el sistema de derechos reconocidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, como un «desafío a la igualdad de oportunidades».

El Consultivo ha elaborado un informe sobre la evaluación del impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de las normas.

Se trata de la primera vez que esta institución autonómica equivalente a la del Consejo de Estado aprueba un informe a iniciativa propia, conforme a la facultad prevista en su reglamento de organización y funcionamiento, dada la especial relevancia que tiene en Castilla y León afrontar el reto demográfico.

En el documento se ha aconsejado al Gobierno autonómico que en los procedimientos de elaboración de normas se incorpore un informe específico sobre el impacto que las medidas previstas en ellas puedan tener para mitigar la despoblación.

Por otra parte, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Consejo Consultivo de Castilla y León, ha resuelto varios expedientes por un valor estimado de 6,6 millones de euros. Entre los asuntos sometidos a resolución existen recursos relacionados con la adjudicación de contratos de servicios para el suministro de material de obra en trabajos municipales, procedimientos de contratación para el tratamiento de aguas de las estaciones potabilizadoras o contratos de limpieza en servicios sociales.

Tal y como ha detallado en un comunicado el Tribunal Administrativo, con sede en Zamora, también se han resuelto recursos relativos a la adjudicación de contratos de limpieza en centros educativos o el suministro de arrendamiento de autobombas para ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha exigido al Gobierno central que «haga suya» la recomendación de la UE de ofrecer beneficios fiscales a las empresas que decidan asentarse en zonas rurales o despobladas.

Igea ha desvelado la recomendación de la UE a una solicitud defendida por la Comunidad «desde hace mucho tiempo».

Tras este primer paso ahora es necesario que el Gobierno central haga suya la recomendación de la UE de establecer una bonificación del 20 por ciento en los pagos a la seguridad social para aquellas empresas que decidan instalarse en estas zonas.

No obstante, Igea ha vuelto a criticar el reparto de fondos procedentes de la UE realizado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ya que supone una «nueva y reiterada agresión» a la Comunidad.

Por último ha recordado que la Estrategia de Reto Demográfico no está aprobada y ha reclamado a los representantes socialistas en la Comunidad que ejerzan su influencia para que «alguna vez» Castilla y León no saliera perjudicada en el reparto de los fondos.

El Consultivo pide a la Junta tener en cuenta el impacto demográfico al elaborar normas
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