sábado 15/8/20

Las Cortes defienden el derecho a la libertad en la elección de centros

ICAL | VALLADOLID


Los Cortes de Castilla y León aprobaron ayer, aunque no por unanimidad, la defensa de los principios constitucionales sobre la educación y la libertad de la enseñanza con un respaldo a los centros concertados, en un debate marcado por un cruce de acusaciones mutuas entre PP y PSOE de «crear problemas donde no los hay».


La popular Paloma Vallejo presentó su iniciativa con la pregunta a los grupos de la oposición, en concreto al PSOE, si respetan la educación en el artículo 27 sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y argumentó que el proyecto de ley socialista sobre la llamada Lomloe «cuestiona el primer gran pacto educativo de la Transición».


En su exposición, manifestó que las declaraciones de la ministra en funciones de Educación, Isabel Celáa, han causado inquietud en el sector educativo por no haberse hablado ni existir un acuerdo y defendió que en Castilla y León la educación concertada representa el 30 por ciento. «Les pedimos que den tranquilidad a la sociedad educativa», solicitó.


El texto aprobado con los votos de PP, Cs y Vox, en contra de PSOE y Podemos y la abstención de UPL y Por Ávila, plantea que se sitúe en el mismo plano de iguladad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, mediante su desarrollo armónico, garantizar que los padres elijan el tipo de educación, defender la red de centros concertados, apoyo a los centros de educación especial tanto públicos como privados o respetar el artículo que asiste a los padres a que sus hijos puedan recibir formación religiosa.



¿ES UN DERECHO UNIVERSAL?


Marta Sanz, de Ciudadanos, lamentó que la educación no esté entre los principales problemas del CIS, criticó que el modelo educativo se mueva por principios partidistas y defendió los artículos de la Constitución por la libertad y la igualdad, así como la dotación por ello a los centros concertados como «pieza clave» en la elección de las familias. «Ya está bien de cambio de leyes y cachondeo en la educación», concluyó.


El socialista Fernando Pablos argumentó que la PNL popular quiere «crear un problema donde no le hay» ni «tiene razón de ser» los argumentos del proponente, leyó todo lo dicho por la ministra donde PP y Cs eludieron la última parte y una carta de un alto cargo de la Comunidad de Madrid en la que se señala que el derecho de la libre elección de centros no es un derecho universal.


«Si tuvieran un mínimo de vergüenza retirarían la proposición no de ley», afeó Pablos, que pidió la votación por separado para cuatro puntos, en defensa del artículo 27 de la Constitución, para garantizar la existencia y gratuidad de centros de educación especial y red pública, reconocimiento de la red pública y la labor de los docentes y respetar el derecho de los padres a que sus hijos puedan recibir formación religiosa.


El pleno tumbó una proposición no de ley presentada por el PSOE para bonificar fiscalmente al mundo rural y que fue apoyada por toda la oposición. PP y Cs aseguraron que esas propuestas ya están en su acuero como socios de gobierno. La socialista Virginia Barcones les achacó que «su indolencia amenaza con la nada a Castilla y León».

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