Las Cortes urgirán al Gobierno para que pague ya 182 millones del IVA atrasado

Aún no se sabe con exactitud cuál será su cuantía final, pero el Tribunal Supremo ratificó en abril que el Gobierno central debe abonar al de Castilla y León unos 182 millones en concepto de liquidación de una mensualidad de IVA de 2017, que el próximo miércoles en el Pleno de las Cortes serán requeridos por la mayoría parlamentaria y a través de una propuesta del Grupo Popular.

Se da la paradoja de que en el origen de toda esta disputa está una reforma de la forma de recaudar el IVA que promovió el ministro del PP Cristóbal Montoro: un cambio en los plazos que tenían las empresas y bancos para liquidar el impuesto y ingresarlo al Tesoro significó en la práctica que las autonomías percibieran en las entregas a cuenta cantidades correspondientes a la liquidación de once y no doce meses correspondientes a 2017.

Fue la anterior consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, la que comenzó a elevar la voz y, como decana autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, emprendió una batalla para reivindicar estas cantidades, a lo que se sumaron otros ejecutivos, hasta el punto de que Galicia ha obtenido también el respaldo del Supremo para ingresar estas cantidades, que finalmente recibirán todas las autonomías en función de lo que les corresponda.

El recorrido de esta disputa sobre esta jugosa cantidad, más en tiempos de necesidades presupuestarias, llevó a la Junta de Castilla y León a reclamar de forma oficial el pago de estas cantidades a partir de 2018, año en el que desde junio comenzó a gobernar el socialista Pedro Sánchez, sin quedar resuelto el conflicto ante el desacuerdo existente.

Tras meses de reclamaciones y cruces de reproches, al tener el origen la desviación en el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, las Cortes de Castilla y León ya emitieron un pronunciamiento favorable y unánime a la devolución en 2020, en concreto a través de otra proposición no de ley presentada por el PP y que recibió el apoyo del PSOE, Ciudadanos, Podemos y UPL.

Fue el 25 de septiembre de 2020 cuando la Junta de Castilla y León interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la desestimación de las pretensiones de la reclamación oficial que remitió al Consejo de Ministros el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Tras unos meses de análisis del caso, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo falló a favor de la Junta de Castilla y León el pasado 19 de abril, con el argumento de que esos cambios en la normativa de la recaudación del IVA habían causado en las arcas autonómicas un «desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad Autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado».

La iniciativa que votarán el miércoles los procuradores de las Cortes de Castilla y León conmina al Gobierno central a que inicie los trámites para dar cumplimiento voluntario a la sentencia del Supremo, aunque el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha indicado que está próximo a la fecha de referencia, por lo que la pnl incluye un segundo punto para instar a la Junta de Castilla y Léon a que una vez superado ese plazo voluntario «inste a su ejecución forzosa, incrementando a la cantidad adeudada los intereses que procedan».

Tal y como anunció hace semanas el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la iniciativa del PP incluye un tercer punto para demandar que la cantidad que finalmente ingrese el Ejecutivo autonómico sea destinado «a ayudas directas a personas y empresas para la reactivación económica de Castilla y León» tras la crisis provocada por la pandemia de la covid.