Csif exige los mismos derechos y permisos a empleados de la Junta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha presentado alegaciones a Ley de Función Pública para garantizar los mismos derechos y permisos a todos los empleados de la Junta.

A través de un comunicado, la central sindical advierte de que el anteproyecto elaborado por la Junta muestra una serie de deficiencias y ausencias «que habrá que corregir y negociar», ya que a su juicio no hay que perder la oportunidad de homogeneizar y establecer un mismo régimen de derechos y permisos para todo el personal de la administración de la Junta, sea funcionario, laboral o estatutario, ante las mismas situaciones personales y familiares.

El anteproyecto tampoco trata adecuadamente la cuestión de la temporalidad del empleado público, según Csif. Por ejemplo, alude a que el interino no recibirá una indemnización en caso de no continuar en el puesto, cuando ahora mismo el Gobierno de España está trabajando en la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, en la que se prevé y se baraja dar esa indemnización.

«Se obvia las recientes sentencias de la justicia europea y del Supremos español, lo que es un grave error», lamenta el sindicato independiente.

Estas circunstancias, entre otras, le llevan a considerar «inoportuno e inadecuado» el momento de la modificación de la Ley de Función Pública de Castilla y León, «precisamente ahora».

El sindicato remarca que habría que esperar a conocer los cambios de la futura norma estatal, antes de afrontar los cambios en la autonómica. En este sentido, la organización sindical independiente recuerda que llevan 15 años esperando a que la Junta adapte su ley, que es de 2005, al Estatuto Básico nacional que regula la normativa sobre las relaciones con el empleado público, que es de 2007, aprobándose posteriormente el texto refundido en 2015.

«Sería absurdo que después de llevar años pidiendo la actualización de la Ley de Función Pública autonómica, se haga cuando se va a cambiar la normativa nacional, que lógicamente obligará a la Ley de Castilla y León. ¿O tendremos que esperar otros quince años, cuando el Gobierno vuelva a renovar de nuevo el Estatuto Básico?», ironiza la central sindical de funcionarios.

Csif ha presentado, aprovechando el periodo de información pública, las primeras alegaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Función Pública de Castilla y León, si bien insiste en que Gobierno autonómico y organizaciones sindicales deben «hablar y acordar» sobre diferentes cuestiones que hay que «aclarar y mejorar».

Entre ellas, la regulación de la llamada valoración del desempeño del empleado público, un asunto «polémico y tremendamente complejo», que podría poner «en riesgo y menoscabar» la independencia del trabajador ante posibles arbitrariedades de sus responsables superiores, y que choca frontalmente con el derecho a la inamovilidad del trabajador.

Los servicios jurídicos de Csif destacan que la futura Ley de Función Pública de la Junta sigue siendo una normativa «muy asimétrica», en beneficio de la administración, a la que concede todo el peso a la hora de tomar decisiones, sin dejar apenas espacio a la negociación y al acuerdo, concluye el comunicado.

Castilla y León tiene ya 166.682 empleados públicos entre todas las administraciones en 2021, 4.067 trabajadores más en seis meses.