martes 26/1/21

Una deuda arrastrada de 12.360 M€

El endeudamiento del sector público de la autonomía en 2018 supera el techo de gasto aprobado para el próximo ejercicio económico aunque la Junta cumplió a rajatabla la estabilidad presupuestaria
Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas de la autonomía. R. GARCÍA
Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas de la autonomía. R. GARCÍA

La fiscalización de la Cuenta General de Castilla y León de 2018 realizada por el Consejo de Cuentas autonómico cifra en 12.360 millones de euros el endeudamiento de la Comunidad ese ejercicio, con un aumento del 4 por ciento respecto al anterior.

La cifra es superior al techo de gasto aprobado por la Junta para el ejercicio 2021, fijado en 10.980,30 millones dado el escenario macroeconómico derivado de la pandemia y en el que se estima una reducción del Producto Interior Bruto (PIB) del 10,1% en 2020 por el impacto de la pandemia, y un repunte del 7,5% en 2021.

Las cifras presentadas ayer por el organismo que dirige el leonés Mario Amilivia revelan que Castilla y León cumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto y que el déficit de la Comunidad supuso el 0,2 por ciento del Producto Interior Bruto autonómico, según el informe de fiscalización difundido ayer por el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Ese informe revela que el déficit en relación al PIB regional fue la mitad del fijado como objetivo, establecido en el 0,4 por ciento. Igualmente se cumplió el objetivo de deuda pública, marcado en el 21,1 por ciento del PIB, al alcanzar ese porcentaje exactamente, las cuentas también superaron positivamente la regla del gasto, establecido en el 2,4 por ciento, con una variación negativa respecto a 2017 del -1,8 por ciento.

En lo referente a las recomendaciones del informe establece 19, la mayoría sobre aspectos ya reiterados en informes anteriores, aunque desaparecen dos contenidas otros años debido a la mejora de la elaboración de los estados agregados de la cuenta y a la escasa relevancia de los avales fallidos.

En el informe de Cuentas se incorporan tres nuevas recomendaciones, dos de ellas relacionadas con información incompleta en determinados aspectos de las cuentas de la Gerencia Regional de Salud y otra para corregir la situación económico-financiera de la Fundación Patrimonio Natural.

Sobre la gerencia de Salud, existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2018 por importe de 184 millones de euros, de las que seis millones son de ejercicios anteriores, según ha advertido el Consejo de Cuentas de la Comunidad.

Este tipo de obligaciones suponen un incremento del 40 por ciento respecto al ejercicio anterior, cuando se cuantificaron en 132 millones de euros.

El informe concluye que la Cuenta General de 2018 se ha rendido dentro del plazo contemplado normativamente y ha respetado la estructura prevista por la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad.

No obstante, ha detectado algunas «carencias» en la información suministrada en la Memoria y la Cuenta General de la Comunidad sigue sin incluir todas las entidades, al faltar las cuentas de un consorcio.

Al igual que en ejercicios anteriores, los criterios utilizados para la formación de la Cuenta General no son compatibles con los del Estado, ya que a nivel estatal se establece una cuenta única consolidada de todas las entidades que integran el sector público estatal.

Sin embargo, en la Comunidad existe una división en tres cuentas generales: la de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, la del sector público empresarial y la del sector público fundacional.

Una deuda arrastrada de 12.360 M€