Dinero para empleados despedidos, sin prestación y para la conciliación
El plan firmado ayer destina 10,5 millones a las políticas para amparar a trabajadores afectados por despidos, expedientes de suspensión, reducción de jornada y, en general, a las personas que sufren mayor desprotección frente al desempleo. Se prevé dar continuidad a todos los programas de apoyo del vigente entre ellos el Personal de Integración y Empleo (PIE), para dar cobertura a quienes han agotado su prestación.
En el marco de la economía social, se facilitará la constitución de empresas, cooperativas y sociedades laborales, particularmente en el caso de empleados con circunstancias especiales, y se respaldará la labor de los Centros Especiales de Empleo con la financiación del 50 por ciento del SMI de los trabajadores con discapacidad, que podrá alcanzar hasta el 75&% ante especiales dificultades de empleabilidad.
La prevención de riesgos y la salud laboral concentra más de 6,1 millones y como principal iniciativa destaca el estudio para la creación de una Red de Pymes Saludables que servirá para reconocer la labor de las empresas en el campo de la mejora de la salud y el bienestar de sus plantillas.
Las medidas para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo cuentan con 20,8 millones para asegurar el acceso a un puesto de trabajo a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, en exclusión social o en riesgo de estarlo, y reforzar las políticas para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Se ampliarán a nuevos supuestos las subvenciones dirigidas a facilitar la reducción de jornada y la excedencia para el cuidado de hijos; se mejorará el programa Conciliamos -que a partir de ahora llegará a los municipios con una población de 3.000 o más habitantes-, y se potenciará el ascenso profesional de la mujer con apoyos enfocados a favorecer su promoción en las empresas, en particular de las menores de 35 años y mayores de 55.