Gallardo liquida el diálogo social con un recorte millonario y pone en la picota a sindicatos y patronal

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunció ayer por sorpresa la reducción de subvenciones a sindicatos, patronal y otros agentes sociales. Gallardo ha impuesto un recorte de 20 millones de euros en las partidas que recibían. Liquida así ‘de facto’ el diálogo social en Castilla y León —uno de los pilares hasta ahora de la política de Mañueco—, castiga a sindicatos y patronal y los coloca en la picota.

Lo había anunciado sistemáticamente pero ayer lo cumplió. Más exactamente, lo empezó a cumplir. Porque si se mantiene lo que anunció ayer, este es el primero de los paquetes de recortes que piensa poner en marcha.

Desde antes incluso de tomar posesión de su cargo, García-Gallardo aseguró que uno de los puntos estratégicos del acuerdo de legislatura entre PP y Vox era el de recortar el gasto público vinculado a la participación institucional de los agentes económicos y sociales y la supresión «de todas subvenciones que no acrediten un destino y utilidad para los ciudadanos», como apostilló ayer. Una de sus obsesiones, junto con la eliminación de las políticas vinculadas a la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y la supresión de la memoria histórica.

Gallardo dijo ayer que «el objetivo de la Junta para el próximo presupuesto 2022-2023 pasa por reducir en no menos de un 50% el dinero público que reciben los agentes sociales en Castilla y León».

Lo ha hecho en una de sus consejerías, la de Empleo, Comercio e Industria, en poder de Vox, «con un plan de recorte pionero en España que revisa todas las partidas públicas entregadas a los agentes sociales», anunció en una rueda de prensa junto a al consejero, Mariano Veganzones, al que permitió detallar parte del plan.

El recorte supone el «fin de las subvenciones directas» para diálogo social y prevención de riesgos laborales que reciben, en palabras del consejero y del vicepresidente, «casi exclusivamente» CEOE, CC OO y UGT. Afecta directamente a los cuatro millones de euros que recibían los sindicatos y la patronal «en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional en Castilla y León», que quedan rebajados a la mitad en el próximo presupuesto.

Entran dentro del recorte también las subvenciones para actuaciones en el Servicio Público de Empleo. Son 12 millones de euros que recibían los agentes sociales para planes y cursos de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 800.000 euros para acciones orientadas a trabajadores ocupados y 925.000 para la integración social y laboral de la población inmigrante. «Casi 14.000.000 de euros con los ahora se promoverán cursos de formación con compromiso de contratación diseñados por las propias empresas, lo que garantiza su adecuación a las necesidades del mercado laboral», señala la Junta en una nota de prensa.

Se suprimen por completo las subvenciones directas para diálogo social y prevención de riesgos laborales, otros 3.600.000 millones de euros que también recibían CCOO, UGT y CEOE. «El dinero ahorrado se invertirá en una mayor dotación de personal en las Oficinas Territoriales de Trabajo que realizan esta misma función», señalaron desde la Vicepresidencia de la Junta.

El vicepresidente también elimina totalmente las subvenciones a las cuatro cátedras relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales, que recibían 160.000 euros.

García-Gallardo dejó muy claro que las medidas se pactaron «con todo el Consejo de Gobierno, incluido el presidente Alfonso Fernández Mañueco» y que son «sólo el principio» ya que, apostilló, se anunciarán más recortes en otras consejerías. Además, incidió en que este es un acuerdo sobre el que el Gobierno de coalición ha mostrado «su absoluta convicción» al tratarse de uno de los puntos que suscribieron tanto PP y Vox para la conformación del Ejecutivo autonómico.

El vicepresidente subrayó que con esta medida «se empieza a cumplir el compromiso» de recortar «en al menos un 50% el gasto público institucional que no acredita su beneficio para los ciudadanos» y aseguró que «el montante ahorrado se destinará a políticas sociales de atención prioritaria».

El vicepresidente Gallardo recalcó además que «la paz social» no debe ser «a costa del apesebramiento del gasto público»,

En la rueda de prensa, el consejero de Industria y Empleo reconoció que no se había comunicado las medidas a sindicatos y patronal. «Se trata de una decisión de Gobierno» y «como tal se comunica en rueda de prensa», apostilló Mariano Veganzones.