El Gobierno acepta que no hay ‘plan antiaborto’ que recurrir, aunque «permanecerá vigilante»

El Gobierno asume ya que la batalla abierta contra la única coalición entre PP y Vox que hay en España, la del Ejecutivo de Castilla y León, a cuenta del supuesto plan antiabortista anunciado hace una semana por el vicepresidente Juan García-Gallardo tiene escaso recorrido. Después de que la Junta declarara el jueves haber «inadmitido» los requerimientos gubernamentales pero respondiera por cauce oficial que «nada se ha efectuado ni aprobado», en Moncloa dan el asunto casi por zanjado. Pero solo casi.

En un comunicado en el que admite que «formalmente» Castilla y León ha acatado la norma, el Gobierno de Pedro Sánchez advirtió también ayer de que seguirá vigilante. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, envió de hecho una nueva carta al Ejecutivo autonómico, y ya van dos más otros dos requerimientos, para dejar claro que mantiene sus recelos. Los socialistas sostienen que es su presión la que «ha frenado los primeros intentos de la Junta de imponer medidas que recortan los derechos de las mujeres», pero añaden que, después de que el portavoz el Gobierno de la Administración autonómica informara el jueves de la puesta en marcha de nuevas medidas para embarazadas, entre las que estarían ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal en las primeras semanas y hacerse una ecografía 4D, no pueden estar tranquilos.

«El portavoz reconoció que se trata de una ‘mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario’ y que la nota de prensa que aún está publicada en la web oficial de la Junta tras el consejo de gobierno del 12 de enero (el que propició el anuncio de García-Gallardo) ‘sigue vigente’. Es decir, que se mantiene la intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010 (de interrupción voluntaria del embarazo), en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial», esgrime el Gobierno.

El presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, replicó que el comunicado del Gobierno confirma que toda esta polémica no es más que «una burda manipulación» inventada por los «responsables» de que más de 200 violadores y abusadores hayan visto reducidas sus penas en virtud de la ley del ‘solo sí es sí’, y cargó de forma personal contra Pedro Sánchez, al que acusó de no tener escrúpulos o de mentir para «usar a las mujeres electoralmente».

Las alianzas

Le secundó Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, quien abogó por que el Gobierno dé ya por cerrado el «conflicto inexistente» con Castilla y León por el derecho al aborto, tras aclarar la Junta de forma oral y por escrito que no habrá cambios. «Si quiere ser serio no puede haber conflicto cuando no hay conflicto», apuntó.

Feijóo subrayó que lo ocurrido en Castilla y León, donde el vicepresidente de Vox anunció medidas antiaborto que el PP negó, no cambia los planteamientos del Partido Popular: defender que todas las embarazadas puedan seguir con su embarazo y «nunca jamás» «coaccionar» a mujeres que quieran interrumpirlo adecuándose a la legislación vigente.

Sobre la relación con Vox, Alberto Núñez Feijóo se limitó a señalar que corresponde al presidente de Castilla y León tomar las decisiones acerca de su Gobierno y sobre sus alianzas.