Diario de León

El Gobierno pierde otra vez contra la Junta en Navacerrada

Mañueco exige que «cesen los ataques» a CyL tras la victoria judicial

La estación de esquí de Navacerrada cerrada ayer por el fuerte viento. MARISCAL

La estación de esquí de Navacerrada cerrada ayer por el fuerte viento. MARISCAL

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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se congratuló ayer de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de rechazar las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de España para evitar la apertura de la estación de esquí de Navacerrada y pidió al Ejecutivo central que «cese los ataques» contra los intereses de la Comunidad.

Como explicó el presidente, la Sala del Tribunal Superior de Justicia considera que la posición de la Junta de Castilla y León es «razonable», por lo que Mañueco dijo que «ha imperado la razón».

«Allí donde hay una posibilidad de desarrollo económico, social, en el mundo rural, hay un ataque inexplicable por parte del Gobierno Sánchez. No lo entendemos», lamentó el presidente autonómico, que recordó su compromiso de «proteger a las personas de Castilla y León», especialmente «aquellas que viven en el mundo rural».

Fernández Mañueco destacó que esta decisión judicial permitirá mantener la actividad de la estación de esquí de Navacerrada hasta que se resuelva el fondo del asunto, cuestión que «puede tardar todavía varios meses».

Hasta que haya una resolución jurídica sobre el fondo, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene que ser cumplida por todas las administraciones públicas, según subrayó ayer el Gobierno autonómico.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León denegó ayer la petición de medidas cautelares solicitada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, una vez escuchadas las partes, que pedía paralizar la práctica de esquí en la estación de Navacerrada.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, entiende que «en la ponderación de intereses inherente a la adopción de esta medida cautelar, no puede entenderse que la falta de adopción de las medidas interesadas causen perjuicios irreversibles, en atención al hecho de que, como se expresó en el auto de 2 de diciembre pasado en el que se negó la adopción de la medida cautelarísima, los actos de uso del monte desde la última concesión se vienen realizando durante los últimos 25 años —realizándose ya precedentemente a la fecha de la concesión— y el perjuicio debe entenderse que estaría más bien ínsito en el impedimento del uso y la posible retirada de las instalaciones, lo que podría crear una situación definitiva de difícil reversibilidad de acordarse al momento actual dicho impedimento del uso y ventualmente el desmantelamiento de dichas instalaciones».

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