Herrera se compromete a recuperar las ayudas familiares a la dependencia

agencias | valladolidata

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anunció ayer en Valladolid que el Gobierno autonómico recuperará este año «con carácter inmediato» el 70 por ciento de la cuantía de las prestaciones que reciben las personas dependientes por cuidados en el entorno familiar y que en el año 2012 se redujeron un 15 por ciento. El resto de la reducción se completará en 2019 «si las circunstancias económicas y presupuestarias lo permiten». Una decisión que, precisó, beneficiará a 24.000 personas dependientes y, por tanto, a otras tantas familias de la Comunidad, lo que supondrá un aumento de cinco millones de euros del gasto para la prestación de este tipo de servicios.

Herrera, que realizó este anuncio en el acto de bienvenida a los cinco primeros trabajadores con discapacidad intelectual que incorporan a la Junta fruto de la primera convocatoria específica, aseguró que esta recuperación de las ayudas es posible debido a la mejora de la situación económica y a la colaboración con el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).

Defensa del Gobierno

El presidente de la Junta manifestó que, de esta manera, la administración regional revertirá algunas de las medidas «duras» y «difíciles» adoptadas y acordadas con el Cermi como consecuencia del Real Decreto Ley que modificaba las cuantías que recibían las personas dependientes que recibían cuidados por parte de sus familias. Reconoció que esa decisión tenía una «profunda razón» para garantizar la «supervivencia» del sistema de dependencia y preservar el mayor número de empleos posibles.

No en vano, el Gobierno autonómico adoptó medidas complementarias a las del Estado como aumentar en un 20 por ciento las cuantías máximas para acceder a los servicios profesionales del sistema para los grados III y I y el 75 por ciento para el grado II mientras se reducía un 15 por ciento las cuantías de los cuidados en el entorno familiar.

Herrera aseguró que fue «acertado» primar los servicios profesionales y así, dijo, lo ha reconocido el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en el que Castilla y León sigue liderando los ránkings de calidad y eficacia en la gestión del sistema de dependencia en España. También recordó que la Comunidad está a la cabeza en la creación de empleo, ya que la dependencia da trabajo a casi 26.500 personas.

El presidente de la Junta confesó que las familias se han dirigido «a nosotros» para denunciar que habíamos «desguarnecido» uno de los pilares del Estado del Bienestar, con la reducción de las prestaciones a los cuidadores profesionales.

El acto de bienvenida a las personas con discapacidad intelectual que se incorporan a la administración autonómica también sirvió para que Juan Vicente Herrera realizara otros anuncios. Entre ellos, un nuevo concurso oposición público en septiembre para personas con discapacidad, con doce plazas. Además, los 205 aspirantes que no sacaron plaza en la última convocatoria pasarán a formar parte de una bolsa de empleo en puestos reservados a personas con discapacidad intelectual, a los que se recurrirá «en función de las necesidades». El presidente justificó estas medidas al asegurar que el empleo es un «bien fundamental» para todos pero, sobre todo, para los que tienen especiales dificultades para acceder al trabajo. De ahí que hablara de que el empleo es la «política social más importante» y del trabajo con Cermi para el colectivo de la discapacidad tuviera «autoestima, autonomía personal y realización del propio proyecto personal y familiar».

10% más de plazas

Mencionó la ampliación hasta el 10 por ciento de la reserva de plazas para personas con discapacidad en los procesos de selección ordinarios; los itinerarios de inserción sociolaboral para el colectivo, ya sea a través de empresas ordinarias o en los centros especiales de empleo y que han incorporado las subvenciones de apoyo a la vida autónoma, con la financiación de viviendas, y la formación de personas con discapacidad como asistentes personales de personas dependientes. Por otra parte, recordó que la Junta trabaja por la contratación pública socialmente responsable, apoyando a los centros especiales de empleo mediante la incorporación de cláusulas sociales en cerca del 82 por ciento de los contratos en 2017, con 2.723 contratos que superan los 600 millones de euros. Así, los 209 centros especiales dan empleo a 5.462 personas con discapacidad.