Igea olvida sus promesas y mantiene las empresas públicas y fundaciones
Los dos partidos que gobiernan la Junta deciden que sólo suprimirán Anclaje, que se une al Ecyl
La comisión paritaria creada por el PP y Ciudadanos para analizar la posible redimensión del sector público de Castilla y León ha concluido con la recomendación de mantener la mayor parte de las empresas y fundaciones públicas que lo integran en la actualidad, con la salvedad de la Fundación Anclaje, que proponen suprimir e integrar en Ecyl, y la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos, que también proponen abandonar.
En un comunicado conjunto, ambos partidos han destacado que este informe pretende dar cumplimiento al punto 1.3 del Acuerdo de Gobierno suscrito al comienzo de la legislatura entre ambas formaciones que integran el Ejecutivo autonómico.
Se trata de una propuesta general de mantenimiento de 14 de las 16 entidades analizadas, aunque algunas de ellas con modificaciones en sus funciones y fines, como es el caso de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, para la que piden una «reforma integral» que reduzca sus ámbitos de actuación a tres: la internacionalización, gestión de los cuatro museos y dos centros culturales regionales y la gestión de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. En el caso de la Fundación Anclaje, creada para gestionar las crisis de deslocalizaciones empresariales que se han desencadenado en los últimos años en Castilla y León, la propuesta del PP y Cs es que revierta su actividad en el servicio público de empleo ECyL «con el fin de evitar duplicidades».
En concreto, recomiendan que «siempre que jurídicamente sea posible», se suprima mediante la integración en el Instituto de Competitividad Empresarial «bajo la fórmula jurídica que se considere más adecuada».
Otra de las entidades vinculada a la Consejería de Empleo e Industria y que estaban en la cuerda floja por los recientes desacuerdos entre ese departamento y los agentes económicos y sociales (patronal y sindicatos), el Serla es avalado por este informe, que pide su «pervivencia» dentro del sector público.
Sin embargo, pide acompasar la extensión de sus competencias «al incremento de la disponibilidad de recursos», provenientes del Gobierno central o «gracias a la mejora de la situación económica y laboral, que permita liberar fondos en estos momentos destinados a otras finalidades más perentorias», en la línea de lo manifestado por la Consejería y que genera rechazo entre los sindicatos y la patronal, que firmaron un acuerdo para extender su actuación a las provincias.
El Instituto Tecnológico Agrario se mantiene pero detalla una serie de recomendaciones para mejorar su gestión.