Igea: «Si se vuelve a decretar el estado de alarma, el Gobierno debe dimitir»

El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, ha lamentado las imágenes que se han vivido tras la suspensión del Estado de alarma que, ha señalado, están en el «debe del Gobierno» que, debería de presentar su «dimisión» si se vuelve a establecer. «Era demasiado pronto para pasar de 0 a 100», ha resumido.

En declaraciones a los medios durante su presencia en un acto institucional de la Universidad de Valladolid por el Día de Europa, ha lamentado las imágenes «impactantes» que se han visto ayer de madrugada, si bien ha defendido que la «inmensa mayoría» de la población se ha comportado con «sentido común».

«Lo que ha ocurrido ayer es muy preocupante. Y yo quiero recordar a los ciudadanos de esta Comunidad las imágenes que vimos en el País Vasco de la final de la Copa, aquellas celebraciones multitudinarias y donde está hoy la incidencia en el País Vasco y cómo están sus hospitales. Estos actos no se pueden repetir», argumentó para incidir en era pronto para pasar «de cero a cien». «Es una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno», espetó.

Igea aseguró que si se produce una situación en la que es necesario establecer de nuevo el Estado de alarma el Gobierno deberá «dimitir».

El vicepresidente de la Junta, de Ciudadanos, se amparó en la decisión del Gobierno para explicar por qué la Junta no va a pedir ahora el toque de queda que tanto reclama. Igea subrayó que Castilla y León no ha suprimido el toque de queda, «lo ha hecho el Estado».

«Es el Gobierno que ha decidido que decaiga», para recordar que «por dos veces» la Junta lo decretó. «Una de ellas en octubre, sin estado alarma, como hoy, con más incidencia, mucha más incidencia acumulada que la que tenemos hoy y nuestro tribunal nos dijo no podéis. Y otra en estado de alarma, con muchísima más incidencia, donde alargamos, no decretamos, el toque de queda y también nos dijo que no podíamos», incidió. Igea no explicó sin embargo que sin estado de alarma no se puede decretar toque de queda y que la ampliación de toque de queda a las 8 de la tarde, que mantuvieron durante un mes, era ilegal. En ambos casos, estaban afectados derechos fundamentales y por eso los tribunales Superior y Supremo tiraron las medidas de la Junta. En ningún caso entraron a valorar los datos de incidencia del virus porque no era el asunto a dirimir. El tercer varapalo judicial sufrido por la Junta durante la pandemia fue la prohibición de que se visitara a los ancianos en las residencias de mayores, medida que también fue revocada por el Tribunal Superior de CyL.

Ayer, Igea insistió en que la Junta no puede actuar en contra de lo que dice «con claridad» el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. «Pero ni nosotros, ni el País Vasco, ni la inmensa mayoría de las comunidades. Sólo hay una Comunidad en la que esto se ha hecho posible —en referencia a Baleares—. Con dos votos en contra de cinco de los miembros del tribunal y tenemos que esperar a ver qué es lo que dice el Supremo», añadió.

Al hilo de esta cuestión, insistió en que quien tiene la responsabilidad de hacer decaer el Estado alarma es el Gobierno y quien ha tomado esta decisión es el Gobierno, que es el responsable de que en España hoy no haya Estado alarma ni toque de queda.

«No se puede trasladar tu responsabilidad al Tribunal Supremo. El Gobierno no puede subcontratar a los jueces. Es una absoluta irresponsabilidad. El Gobierno se comprometió tener una legislación intermedia con mi partido cuando votamos el Estado alarma y ha incumplido su promesa», continuó. De ahí que para el portavoz de la Junta, los incidentes ocurridos ayer de madrugada están en el «debe» del Gobierno.

Sobre un repunte de la incidencia, la Junta tomará las medidas que sean «precisas» y puedan «tomar», pero no el toque de queda, ha subrayado. «No existe en esta Comunidad esa posibilidad porque rozaríamos la prevaricación, sería dictar una resolución injusta a sabiendas. Una cosa eso es lo que nosotros pensemos desde el punto de vista sanitario y otra cosa es lo que es posible hacer desde el punto de vista del Estado de Derecho y un Gobierno autonómico no puede saltarse el Estado de derecho con conocimiento», concluyó.