Un informe jurídico insta a debatir la PNL sanitaria que PP y Cs vetaron
Los Servicios Jurídicos de las Cortes de Castilla y León revocan el acuerdo de la Mesa
Fuentes recibe explicaciones de una letrada en un pleno. NACHO GALLEGO
Un informe de los Servicios Jurídicos de las Cortes de Castilla y León ha revocado el acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento, con los votos a favor de los representantes de los grupos PP y Cs, por el que se vetó el debate en la Cámara de una proposición no de ley (PNL) sanitaria presentada por el PSOE, que debe debatirse ahora en el Hemiciclo o en Comisión.
En el informe, el letrado de la Cámara argumenta que la decisión que adoptó la Mesa de las Cortes de inadmitir para su debate en el pleno la iniciativa del PSOE excedió su «canon de control» al introducir criterios de naturaleza política en vez de los que tiene atribuidos, que son de ámbito jurídico.
El 28 de octubre, la Mesa de las Cortes de Castilla y León, con los votos mayoritarios del PP y Cs, vetaron la inclusión en el orden del día del Pleno de una PNL presentada por el PSOE para instar a la Junta a que «desautorice» de forma «contundente» la política sanitaria que está originando «desatención» de los ciudadanos.
Al día siguiente, el Grupo Socialista presentó un escrito dirigido a la Mesa de las Cortes en el que, al amparo del Reglamento de la Cámara, solicitaban la reconsideración del acuerdo, ya que entendían que este vulneraba su derecho fundamental y el de sus procuradores.
Entonces, la Mesa de las Cortes argumentó su decisión de no admitir esta iniciativa del PSOE en el hecho de que era una resolución de «imposible cumplimiento» por parte de la Junta de Castilla y León, ya que en ella los socialistas instaban a la Junta a desautorizar la política sanitaria que ella misma estaba desarrollando.
Al igual que la Mesa, los Servicios Jurídicos de las Cortes recogen en su informe que esta proposición no de ley contiene un mandato que «desde el punto de vista lógico-formal es de imposible cumplimiento» ya que en él se pide que la Junta «se desautorice a sí misma» pues «si se desautoriza al desautorizador, su desautorización deja de ser tal, ya que deja de tener sentido», reflexiona el letrado.
No obstante, el letrado añade: «Cuestión distinta es la de determinar si una circunstancia como esta avala la inadmisión por la Mesa de las Cortes de la iniciativa parlamentaria por ser formalmente incongruente».
Por ello, los Servicios Jurídicos analizan que hasta ahora la Mesa de las Cortes limitaba su examen de las propuestas a su cumplimiento jurídico y no, como en esta ocasión, a «valoraciones de otra naturaleza» que pertenecen al ámbito del debate político parlamentario.
El informe recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional se caracteriza por ser «muy restrictiva a la hora de admitir causas de inadmisión de este tipo de iniciativas parlamentarias», es decir, que rara vez da por bueno este tipo de vetos.
Por todo ello, el letrado de las Cortes ha decidido revocar dicha inadmisión y ha dictado otro acuerdo por el que admite esta iniciativa del PSOE para su debate ante el Pleno o ante la Comisión competente por materia.
«MANOSEAR» LAS INSTITUCIONES
La secretaria general del grupo socialista, Patricia Gómez, declaró ayer en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces que no hay motivo jurídico ni formal para que la PNL fuera inadmitida y por tanto la decisión fue «arbitraria, injusta y motivada por cuestiones meramente políticas».
Gómez acusó a PP y Cs de estar «embarrando y manoseando las instituciones» y consideró que obstaculizaron una PNL «tan importante para los ciudadanos» porque en el PP están ocupados en «salvar a Mañueco» y en Cs «de salvarse a ellos».
La procuradora socialista dijo que a causa del informe del letrado, la iniciativa tiene que pasar de nuevo por la mesa de las Cortes y será este órgano de nuevo el que decida si finalmente procede admitirla a trámite y ser debatida en el pleno. Indicó que la volverán a presentar en los mismos términos porque la coherencia e incongruencia que marca el informe debe formar parte del debate político en sede parlamentaria.
El portavoz popular, Raúl De la Hoz, consideró que los socialistas podían haberlo solucionado cambiando el objeto de la frase ya que la Junta no se puede desautorizar a sí misma, una incongruencia que comparten en la bancada popular. Y dijo que lo que es materialmente imposible también es jurídicamente imposible, un debate que considera «absurdo» y que se podría resolver redactando de nuevo la PNL los socialistas y asociando el mandato a la Consejería de Sanidad y no a la propia Junta.
El portavoz de Cs, David Castaño, defendió que la Mesa de las Cortes y la junta de portavoces «velan» porque las iniciativas que lleguen al pleno sean «coherentes» y ha criticado a los socialistas que no hayan modificado el texto en lugar de «enrocarse» en el posible incumplimiento de la Mesa.