Diario de León

El investigado por la muerte de Esther no tendrá protección

La Guardia Civil no se plantea proteger a Óscar, que denuncia acoso

Amigos y familiares de Esther López, ante el Juzgado. NACHO GALLEGO

Amigos y familiares de Esther López, ante el Juzgado. NACHO GALLEGO

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EFE

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La Guardia Civil no se plantea por el momento dar protección a Óscar S.M., investigado por la desaparición y muerte violenta de la vecina de Traspinedo (Valladolid) Esther López, por la situación de acoso que ha denunciado y la aparición de una pintada en su chalé familiar.

Aunque «por el momento» no se va a dar esa protección, el instituto armado está «estudiando la situación» y va a ver «cómo evoluciona» por si en algún momento fuera necesario adoptar alguna medida, según indicó a los periodistas en Zamora el general jefe de la Guardia Civil en Castilla y León, Luis Castillo.

Sobre la investigación policial para esclarecer el caso, Castillo no ha querido ofrecer más detalles debido a que una parte de las diligencias están aún bajo secreto de sumario.

Sobre este asunto, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, mostró su «plena confianza» en las actuaciones de los encargados de la investigación y su convencimiento de que finalmente se conocerán los hechos sobre la muerte de Esther López, para lo que la Guardia Civil «sigue trabajando», indicó.

Óscar S.M. apeló el jueves en un comunicado a su presunción de inocencia y denunció el «acoso» que sufre por parte de medios de comunicación que han llegado a personarse ante su vivienda. Óscar S. está en libertad porque no existe un relato de cómo sucedieron los hechos y lo que existen son indicios o sospechas que obligan a seguir investigando. La jueza del caso argumenta así parte de los motivos por los que rechazó la imposición de medidas cautelares al investigado tras su declaración en el Juzgado el lunes.

Tras la declaración de Óscar, la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, solicitó la adopción de la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, una fianza de 60.000 euros, además de pedir que se acordara su detención por tiempo de 72 horas.

Tanto el fiscal como la defensa del investigado se opusieron a la adopción de estas medidas, tras lo que la jueza, compartiendo «plenamente» el informe del ministerio público, decidió que en ese momento no procedía acceder a esas peticiones.

En el apartado de razonamientos jurídicos del auto, argumenta que «no existe un relato de cómo sucedieron los hechos, lo que existen son indicios o sospechas que obligan a seguir investigando» la desaparición y muerte violenta de Esther.

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