martes 26/1/21

Jueces, fiscales y abogados exigen más seguridad

La jueza agredida por un hombre que perdió uno de los juicios sigue en la UCI

Representantes del ámbito judicial, fiscal, de la Abogacía y otros sectores vinculados con la Justicia participaron ayer en concentraciones de repulsa a la agresión sufrida ayer por una juez en Segovia, para apoyar a la afectada y en demanda de más seguridad.

La agresión contra la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva (Segovia) se produjo con un destornillador cuando salía del juzgado, y fue perpetrada, al parecer, por una persona sobre la que había dictado una sentencia civil adversa. Permanece en la UCI y él fue detenido en el mismo lugar de los hechos.

En Burgos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, ha asegurado ayer que veinte de las 43 sedes judiciales que no son capitales de provincia de Castilla y León no tienen «absolutamente ninguna seguridad», entre ellas donde se registró la agresión.

Concepción ha criticado la «ausencia de compromiso» del Ministerio de Justicia con la seguridad de las sedes judiciales y ha recordado que la Sala de Gobierno del TSJCyL ha reclamado en varias ocasiones que se dote de medidas a todas las sedes judiciales, pero las de un solo órgano judicial siguen sin contar con vigilancia.

«Se ha comunicado esta situación al Ministerio de Justicia en varias ocasiones y ya se avisaba de que podría ocurrir un hecho de estas características», ha insistido Concepción.

No sólo se ha atentado contra la integridad corporal de la jueza, sino también contra las normas de convivencia de las que nos hemos dotado, porque «no es admisible acudir a la violencia como forma de discrepancia», ha dicho Concepción, tras manifestar su «enérgica condena» por este suceso.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) también ha reclamado «con urgencia» que se tomen medidas de seguridad en los juzgados mixtos únicos de Castilla y León. «Hemos reclamado seguridad para los órganos judiciales de Castilla y León de manera reiterada. El 18 de septiembre de 2019 poníamos de manifiesto las incidencias que se habían venido produciendo en algunos órganos y edificios judiciales de la Comunidad y reclamamos al Ministerio y a las gerencias territoriales que se dotase de vigilancia a todos los juzgados de la Comunidad, con independencia de su ubicación y del número de órganos o funcionarios que prestasen servicios en el edificio», dijo Fabricio Gómez.

Jueces, fiscales y abogados exigen más seguridad