Diario de León

La Junta acusa al Gobierno de «ahuyentar» a inversores y crear inseguridad jurídica

CyL defiende su política de vivienda: desde 2015 ha entregado ayudas para el pago del alquiler a 63.000 familias

Igea, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno JMGARCIA

Igea, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno JMGARCIA

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EFE

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La Junta de Castilla y León acusó ayer al Gobierno central de «ahuyentar inversiones» por la «creciente sensación de inseguridad jurídica» que generan medidas como la anunciada Ley de Vivienda, que «no es una buena cosa» para preservar los derechos de propiedad y de libre empresa.

Así lo dijo ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien rechazó entrar a analizar la constitucionalidad o no de la norma sin que se haya presentado y también pospuso una posible «contrarreforma» hasta conocer la reforma, ya que se ha referido a este tema citando a la «posible nueva ley».

«Nada ahuyenta más el crecimiento y las inversiones que generar permanentemente la sensación de inseguridad jurídica a los agentes económicos y los inversores», dijo antes de pedir al Gobierno que «no tome medidas que alienten esa creciente sensación de inseguridad jurídica».

Igea defendió la política de vivienda de Castilla y León y se basó en que desde 2015 la Junta ha entregado ayudas para el pago del alquiler a 63.000 familias —una media de unas 10.000 al año—, financiadas con 94 millones de euros con los que han «intentado llegar a todos». «Hemos protegido a los más vulnerables», aseguró Igea.

Igea ironizó con que no sólo preocupa a administraciones gobernadas por el PP y por ellos, sino que «varios ayuntamientos del PSOE» ya se han manifestado como «claramente contrarios a subir el IBI».

Aunque remarcó que no se plantean incumplir la ley, se mofó del modelo de «cogoberanza que nadie entiende», ya que en el caso de la norma sobre vivienda —una materia que es competencia de las autonomías y los ayuntamientos— el Gobierno central no puede pedirles «que cumplan sus voluntades sin estar de acuerdo con la ley».

«Si quiere legislar, legisle, si quiere quitar competencias, legisle», dijo Igea sobre su sensación de que el Gobierno traza un marco y «subcontrata» la responsabilidad: «Si no lo hace, le riño, y si lo hace y sale mal, es su responsabilidad», resumió.

En términos generales, el vicepresidente de la Junta indicó que el Gobierno con este tipo de normas lo que hace es dejar en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos la decisión definitiva, con el criterio de que es su competencia optar o no por aplicarlas.

FUERA DE PLAZO OTRA VEZ

La Junta de Castilla y León aprobará en el Consejo de Gobierno de la semana que viene el techo de gasto para elaborar los Presupuestos de la Comunidad para 2022, que requieren, no obstante, de la negociación con otras formaciones, como Por Ávila o la UPL para salir adelante.

La intención del Ejecutivo autonómico es que este techo de gasto pase por las Cortes autonómicas en la siguiente sesión plenaria, que será el 19 y 20 de este mes.

La Junta aprobará en una semana este techo de gasto, que es uno de los requisitos previos a la presentación del proyecto de presupuestos para la Comunidad, que de nuevo no podrá ser presentado a tiempo como marca el propio Estatuto de Autonomía, el 15 de octubre.

En cuanto a las negociaciones que la Junta tiene abiertas para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante estas cuentas, ya que PP y Cs se encuentran en minoría en las Cortes tras el abandono del Grupo de una procuradora de Cs, Igea dijo que con Por Ávila van por «buen camino».

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