La Junta no autorizará salones de juego y apuestas en dos años

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves un Decreto Ley que suspende para los próximos dos años la autorización de nuevos salones de juego y casas de apuestas en todo el territorio autonómico «para proteger a los más vulnerables» en esta situación de crisis, especialmente a los jóvenes, y con la intención de realizar un «análisis sosegado» que en el futuro dé «seguridad jurídica» al sector.

Así lo ha anunciado este jueves el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha anunciado su intención de que esta norma sea convalidada por las Cortes de Castilla y León en el próximo Pleno, previsto para el 22 y 23 de junio. La idea es que estos dos años sirvan como «paréntesis» para elaborar la modificación de la Ley autonómica del Juego prevista por la Junta y técnicamente esta «paralización» de licencias se apoya en la suspensión de lo dispuesto en los artículos 15.1 y 16.1 de la mencionada ley, reguladores del procedimiento para acceder a estas licencias.

Según los datos aportados en la rueda de prensa por Ibáñez, actualmente en Castilla y León hay unos 150 establecimientos dedicados al juego y las casas de apuestas, aunque el consejero ha rechazado que este freno a las licencias se deba a que su departamento haya determinado ya que son suficientes, a la espera de que se resuelvan cinco solicitudes tramitadas antes de esta modificación. En los últimos años, Castilla y León ha pasado de tener 47 salones de juego en 2015 a 131 en la actualidad, mientras que en el caso de las casas de apuestas han pasado de las tres de 2015 a las 19 actuales, lo que ha llevado a la preocupación y denuncias de asociaciones vecinales y de jugadores rehabilitados, que ahora participan en la Mesa del Juego Responsable, reunida ayer. Ibáñez ha defendido la actividad de estas empresas, a las que se propone ofrecer «seguridad jurídica» con las modificaciones normativas, pero ha reconocido que debe haber un «equilibrio» entre los beneficios de este sector «completamente legal» y la prevención de «conductas problemáticas» vinculadas al juego, que afectan a los «sectores más vulnerables» y con un perfil especialmente «joven».

En este sentido, ha valorado el diálogo existente entre los diferentes actores involucrados en este asunto, como los empresarios, los sindicatos que defienden los intereses de unos 2.000 trabajadores de este sector, y también las asociaciones de vecinos y de jugadores rehabilitados. El consejero ha remarcado igualmente que estos establecimientos también se han visto afectados por los cierres preventivos para evitar los contagios de la covid durante largas temporadas y con muchos de sus empleados inmersos en expedientes de regulación temporal de empleo, en una situación sin precedentes desde que el juego se legalizó hace cuatro décadas.

Ibáñez ha asegurado que esta medida ha sido pactada con el sector y con las asociaciones.