La Junta dará a Igea 640.000 € para el ‘chiringuito’ de la Oficina anti fraude
El nuevo organismo, que impulsa el vicepresidente de la Junta, tendrá siete personas en plantilla
La Junta de Castilla y León calcula que el presupuesto anual necesario para que la proyectada Oficina contra el Fraude y la Corrupción eche a andar con algo más de 640.000 euros y una plantilla, entre técnicos y directivos, de siete personas, aunque se trata de una cantidad «estimativa» ya que su concreción será responsabilidad del director que elijan las Cortes.
La nueva oficina es un empeño personal del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea (Ciudadanos), que llegó al Gobierno autonómico con el propósito de acabar con todos los ‘chiringuitos’, en la terminología que él utilizó.
La puesta en marcha y las necesidades las planteó ayer ante la Comisión de Transparencia de las Cortes de Castilla y León no Igea sino la directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, María García Fonseca, quien reconoció que este proyecto legislativo se está demorando «más de la cuenta», aunque vinculó el retraso con la pandemia y la tramitación ordinaria de las normas, como los informes de los Consejos Consultivo y de Cuentas.
La ausencia de una memoria económica para la puesta en marcha de esta Oficina fue uno de los asuntos que reclamaba el Consultivo en su informe, lo que, ha asegurado ayer García, está en fase de subsanación, pendiente de que la Consejería de Economía y Hacienda emita un informe que permita llevar el texto al Consejo de Gobierno para remitirlo posteriormente al Parlamento autonómico.
No obstante, la directora general insistió en que se trata de una «estimación parcial y provisional», para solventar esa demanda, pero defendió la bondad de que sea el propio director de la Oficina el que elabore un presupuesto y un plan de actuación que incluya los medios humanos que necesite para desarrollar su labor.
En concreto, detalló que el futuro director de la Oficina será elegido por las Cortes, inicialmente por una mayoría de tres quintos —lo que requiere un amplio acuerdo—, aunque si no se alcanza la norma prevé rebajar la exigencia a la mayoría absoluta (41 votos).
En cualquier caso, una vez elegido, tendrá un plazo de seis meses para presentar un proyecto de presupuesto y de funcionamiento ante la Mesa de las Cortes, que será la institución encargada de financiar su coste.
La directora general desglosó entre los gastos estimados el pago de nóminas del personal —403.000 euros al año—, junto con otros 106.000 euros para gastos sociales de la plantilla y otros 131.000 euros para gastos corrientes de funcionamiento, hasta completar los cerca de 640.000 euros anunciados.
La procuradora socialista Alicia Palomo, que fue quien formuló la pregunta oral ante la comisión que ha motivado las explicaciones de la directora general, dudó de la entrada en funcionamiento de esta Oficina durante la actual legislatura, dados los plazos dados por la representante de la Junta. «O se ponen las pilas o no verá la luz», auguró la representante del PSOE.
Palomo dudó igualmente de la voluntad real del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, por combatir la corrupción ya que el primero tiene «como asesor al mejor asesor de la Kitchen», en referencia al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, y el segundo parece que «sólo quería combatir la corrupción en campaña pero ahora se dedica a blanquearla».
«Castilla y León sigue siendo un paraíso para el defraudador y el corrupto», resumió Palomo, quien distinguió entre la labor que pueden desarrollar perfiles más técnicos como la directora general compareciente y las «instancias superiores».
En su réplica, la representante de la Consejería de Transparencia aseguró que su compromiso es que la Oficina eche a andar «en cualquier caso antes del final de la legislatura». «A eso me comprometo», zanjó.