Ley de caza
La Junta defiende ante el Constitucional poder cazar lobos al norte del Duero
Manifestación ganadera contra la protección del lobo en Riaño. MARCIANO PÉREZ
La Junta de Castilla y León, por medio de sus servicios jurídicos, han defendido la posibilidad de cazar lobos al norte del río Duero en su respuesta al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional frente a la Ley de Caza de Castilla y León.
En las alegaciones presentadas al Constitucional, la Junta ha abogado por la búsqueda de un equilibrio estable entre la conservación del cánido y el mantenimiento de la ganadería, como ha a asegurado el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, en un comunicado remitido este martes por la Junta de Castilla y León.
En sus alegaciones y en defensa de la ley autonómica, la Junta ha señalado que una "simple orden ministerial" no cumple los requisitos formales ni materiales necesarios para sobreponerse a la normativa autonómica, ya que "tales previsiones sobre limitaciones de la caza del lobo al norte del Duero solo podrían haberse acordado por un Real Decreto del Consejo de Ministros, como exige la Ley básica del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007".
La especie del lobo tenía en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007, legislación básica del Estado, una protección estricta para las poblaciones al sur del río Duero, pero se admitía su caza controlada para las poblaciones ubicadas al norte del mismo.
Bajo este régimen, se aprobó la Ley de Caza de Castilla y León de 1 de julio de 2021, donde se contempla por ello la posibilidad de caza controlada del lobo al norte del Duero, previa obtención de la correspondiente autorización administrativa.
Sin embargo, tres meses después, el Estado aprobó la Orden Ministerial de 20 de septiembre de 2021 que amplía también la restricción de la caza del lobo al norte del río Duero, abarcando por tanto todo el territorio de España.
Esta Orden fue impugnada por la Junta de Castilla y León ante la Audiencia Nacional mediante un recurso contencioso administrativo, como también lo hicieron gobiernos autonómicos de diferentes signos políticos, como Cantabria, Asturias o Galicia, que en la actualidad se están tramitando.
El Estado señala ahora en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto que esta Orden, aun siendo de fecha posterior, ha hecho que devenga en inconstitucional la Ley autonómica aprobada previamente, y es ese pronunciamiento lo que el Estado reclama en este recurso al alto Tribunal respecto a todos las artículos y anexos de la Ley autonómica que hacen referencia al lobo.
En este sentido, los Servicios Jurídicos autonómicos plantean al Constitucional dos supuestos: qué ocurriría si posteriormente la Audiencia Nacional diera la razón a la Junta de Castilla y León, o a cualquier otro recurrente, y declarara la ilegalidad de la Orden Ministerial y cómo habría que proceder en tal caso para reestablecer esa normativa.
Por último, en las alegaciones se indica que la Junta de Castilla y León "siempre ha actuado de acuerdo con el principio de buena fe y lealtad institucional", cosa que "no resulta predicable respecto a la conducta del Estado", ha apostillado el comunicado.