La Junta dejó sin comunicar al Registro más de 1.200 contratos por 249 millones

La contratación no comunicada por la Junta de Castilla y León al Registro Público de Contratos entre 2018 y 2019 ascendió a 1.213 expedientes, por un importe total de 249 millones de euros, principalmente correspondientes a contrataciones realizadas por la Gerencia Regional de Salud.

Así figura en el informe de Fiscalización de la Contratación Administrativa de la Junta de Castilla y León en los ejercicios 2018 y 2019, los dos primeros ejercicios afectados por la nueva Ley de Contratos del Sector Público, elaborado por el Consejo de Cuentas, que en lineas generales considera que la Junta "cumple razonablemente" con la legalidad, "excepto por determinadas salvedades que afectan al principio de publicidad y de transparencia".

En concreto, el Consejo ha analizado una muestra de 84 contratos de los incluidos en el Registro oficial entre ambos ejercicios, en concreto 2.655 contratos en 2018, por importe de 709 millones de euros, y 3.224 contratos en 2019, por importe de 762 millones, con lo que la suma de ambos años es de 5.879 contratos por 1.471 millones de euros, excluidos los considerados menores.

Al compararlos con los contratos no notificados a este registro, estos datos sirven para concluir que quedaron sin cumplir con la publicidad demandada el 17,1 por ciento de los contratos que deberían haber pasado por este trámite (1.213 del total de 7.092 contratos).

Entre las incidencias destacadas por el Consejo de Cuentas figura la falta de designación de responsable del contrato y de los cálculos realizados para la determinación y adecuación del precio de licitación, así como las deficiencias de publicidad.

En concreto, en 8 de los expedientes analizados no consta la designación de un responsable del contrato; en 9 no figuran los cálculos realizados para la estimación del importe del contrato y de su adecuación al precio general de mercado; y en 10 contratos no hay constancia de la publicación, en el perfil de contratante, de documentos o aspectos del expediente.

Otro de los puntos en los que el Consejo observa deficiencias es en el establecimiento de los medios de solvencia, el incumplimiento de lo establecido por la normativa en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas presentadas detallados en los pliegos, así como en los informes técnicos de valoración, en los que se puntúan aspectos no previstos en los pliegos o que no están suficientemente motivados.

En concreto, en 12 contratos la acreditación de la solvencia económicofinanciera, técnica y profesional de los licitadores no se realiza o se realiza "deficientemente" y en otros 9 contratos, los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de 2 valor presentan un incorrecto o insuficiente desarrollo al no permitir valorar las ofertas sólo con lo expuesto en los pliegos, no establecer los métodos de reparto de las puntuaciones máximas, o presentar otros defectos.

También observa el Consejo un incumplimiento de los plazos de adjudicación y de formalización de los contratos, por lo que lanza una serie de siete recomendaciones para tratar de corregir estas deficiencias.

La primera de ellas es que el Registro Público de Contratos de la Administración autonómica debe depurar las "deficiencias en su información, especialmente en relación con los contratos no comunicados por la Gerencia Regional de Salud".

Además, los órganos de contratación deben incluir en todos los expedientes la justificación de la necesidad del contrato y reservar la tramitación urgente y de emergencia para cuando se den las circunstancias señaladas en la ley; la designación de un responsable del contrato; y los medios utilizados para determinar la estimación del importe.

Igualmente, el Consejo indica que deben planificar la contratación de las necesidades habituales para que no se produzcan periodos sin cobertura contractual y cumplir las normas de publicidad establecidas.

Según el informe, la Administración de la Comunidad, especialmente la Gerencia Regional de Salud y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, debe establecer los medios para acreditar la solvencia económicofinanciera y/o técnica y profesional de los licitadores.

Además, la Gerencia de Salud debe reforzar la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor, estableciendo en los pliegos todos los baremos de reparto y subcriterios que serán tenidos en cuenta, lo que redundaría en una mayor transparencia y objetividad del proceso.

"La Gerencia y las Consejerías de Presidencia, de Economía y Hacienda, y de Cultura y Turismo, deben evitar distorsiones en la definición y ponderación de los criterios de adjudicación valorables automáticamente mediante fórmulas, en especial respecto a la oferta económica", concluye otra de las conclusiones.

Por último, señala el Consejo que los órganos de contratación deben asegurar que el contenido de los contratos incluya todos los derechos y obligaciones, así como vigilar que los contratos sean formalizados en plazo, así como su preceptiva publicación en boletines oficiales y en el perfil de contratante.