La Junta enmienda los planes de Vox para recortar en CyL los cursos de formación
Carriedo anuncia que se aceptarán «sugerencias» y cambios tras las críticas en tromba de patronal y sindicatos contra Veganzones
Carriedo y Suárez-Quiñones ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. R. GARCÍA
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, abrió ayer la puerta a posibles «sugerencias» y cambios en el sistema de formación para ocupados diseñado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en manos de Vox, para «poder mejorar» los problemas que puedan surgir y aunque defendió que el sistema actual busca ser «eficaz» en la formación de perfiles demandados por las empresas se trata de una enmienda a los planes de Veganzones dentro de la política de Vox de recortar todas las ayudas y subvenciones que reciben sindicatos y patronal y que desde el partido de extrema derecha tildan de «gastos superfluos».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por las críticas lanzadas contra esta convocatoria por la patronal Ceoe y el sindicato CCOO, Carriedo sostuvo que se trata de una «tarea muy importante» y se mostró partidario de buscar «vías alternativas» para asegurar la formación de los trabajadores.
El consejero defendió el criterio de Industria para «ir poco a poco buscando» que las acciones formativas «se asemejen cada día más a lo que el mercado demanda», y apostilló que el anterior sistema podía ser «más sencillo» a la hora de ejecutar las acciones formativas pero también «menos eficaz» a la hora de mejorar la empleabilidad.
El sindicato CCOO denunció ayer, al igual que ya hizo la patronal Ceoe, que la forma en la que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha planteado la convocatoria de programas de formación para ocupados y en competencias digitales va a suponer que «la mayor parte de los trabajadores» no van a poder acceder a ella.
En un comunicado, CCOO alertó de los «fuertes desequilibrios entre provincias» que genera este nuevo modelo de convocatoria, dirigido en su parte presencial a municipios de menos de 5.000 habitantes y que incluye otro apartado de teleformación que se dirige a municipios de menos de 10.000 habitantes, lo que también limita la participación de los trabajadores de los grandes municipios.
«Si se trata de atender prioritariamente a los trabajadores asalariados, no puede desconocerse que en su mayoría viven en municipios de más de 5.000 habitantes», resumió el sindicato, crítico con que el criterio que da la mayor puntuación es el de dirigir la oferta «allí donde no están los trabajadores», lo que ven como «claramente un criterio erróneo».
CCOO alertó de que hay empresas que buscan la mayor puntuación sin tener ánimo de prestar ese servicio, sino de «llevarse a toda costa y a cualquier precio una subvención que difícilmente se va a poder ejecutar, salvo mediante fraude», al remarcar que no hay trabajadores suficientes en las localidades de menos de 5.000 habitantes para absorber el volumen de formación existente.
En el caso de la patronal representativa del sector de la Formación para el Empleo integrada en Ceoe de Castilla y León, Cecap, ya advirtió la víspera del «nuevo fracaso» de la Consejería de Empleo que dirige Vox ya que de la convocatoria de formación para trabajadores ocupados de 13 millones de euros se han adjudicado 9,9, lo que supone que un 23,57% de los cursos no se podrán impartir.
En un comunicado, la patronal sostuvo que ese dato «ya de por sí les tendría que hacer pensar a la a Consejería de Industria, Comercio y Empleo», aunque si se desciende «al detalle la situación es peor», con tres provincias que directamente se quedan sin planes específicos para ellas: Ávila, Palencia y Segovia, donde no se han adjudicado el cien por cien de los cursos. En el resto de las provincias, en Burgos no se han adjudicado el 42,66 por ciento, el 40 por ciento en León, el 45,29 en Salamanca, con un 73,86 en Soria y el 62,69 en Zamora.
Para Cecap las causas de ese «fracaso» son «claras», por un lado la extrema complejidad de las convocatorias evacuadas desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, que hacen que no sean claros ni los objetivos ni los medios para conseguir la mejor formación posible para las personas trabajadoras de esa Comunidad. Por otro, la normativa además tiene una redacción tan confusa que los «centros colaboradores se ven sometidos a penalizaciones arbitrarias que les provocan cuantiosas pérdidas económicas, «lo que desmotiva a la mayoría de las empresas de Castilla y León».