sábado 24/10/20

La Junta garantizará la seguridad de las mujeres que no denuncian

Firma un plan con el Gobierno para que la Policía reciba información de los servicios sociales
Momento de la firma del protocolo entre Javier Izquierdo e Isabel Blanco. NACHO GALLEGO

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, han suscrito este viernes el protocolo para la coordinación en violencia de género en la Comunidad, que permitirá garantizar la protección de mujeres que no hayan denunciado pero puedan ser víctimas.

Ambos representantes han ofrecido una rueda de prensa este viernes en la que han firmado el protocolo y han explicado cómo se incrementa la «necesaria» colaboración entre ambas administraciones, en un ámbito en el que también se avanza para estrechar las vías de apoyo con las entidades locales.

Dicho protocolo contiene modos de intercambio de información que requieran tanto los profesionales de los servicios sociales como de las Unidades de Violencia sobre la mujer de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para prestar a las mujeres víctimas de violencia de género, y a sus hijas e hijos menores una mejor atención.

Una de las principales novedades, como ha detallado la consejera, es que esa mejora de la fluidez de la información con las fuerzas de seguridad del Estado servirá para garantizar la protección de mujeres que no han denunciado violencia de género pero que los Servicios Sociales puedan tener indicios o certezas de que necesitan atención, actuación o protección como víctimas.

Así, se inicia en este protocolo la coordinación de las actuaciones por ambas instituciones en los casos en que por su gravedad haya orden de protección, pero sobre todo se establece un canal de información y actuación para intervenir sobre aquellos casos que puedan ser detectados sobre los que no hay denunciada materializada ni orden de protección (según los datos de este 2020, de las 36 mujeres asesinadas, el 83,3 por ciento de estas mujeres no había denunciado).

En los casos en los que no existe orden de protección o ni siquiera denuncia pero existe situación de riesgo inminente o de especial vulnerabilidad, se prevé que, cuando la Unidad de Violencia sobre la Mujer tenga conocimiento de algún caso, podrá ponerlo en conocimiento de la Gerencia Territorial, que a su vez contactará con el CEAS correspondiente, según domicilio actual de la víctima, remitiendo la información. Por su parte, cuando Servicios Sociales tenga conocimiento de algún caso en el que no se haya materializado la denuncia pero tras la realización de la valoración de la situación de violencia entienden que es de alto riesgo o vulnerabilidad especial, podrán ponerlo en conocimiento de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la provincia.

ATENCION ESPECIAL A LOS MENORES

El protocolo prevé, como ha incidido el delegado del Gobierno, que se cuidarán especialmente los casos de posibles menores víctimas de violencia de género que según los datos de la Delegación del Gobierno para la violencia de género, desde 2013, ascienden a 37 menores asesinados, 3 en este 2020, ya que aunque se hable de las mujeres como víctima «en la mayoría de los casos la violencia se produce en un entorno en el que hay niños que también lo sufren».

La Delegación del Gobierno en Castilla y León se compromete, en virtud del acuerdo, a realizar las actuaciones, dentro de sus competencias, encaminadas a garantizar la seguridad de las víctimas usuarias de la Red de Atención a las víctimas de violencia de género, en especial cuando se producen los ingresos, traslados y salidas en dichos centros.

De igual forma, proporcionará la información oportuna a los profesionales dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en los distintos niveles, regional y provincial, cuando se produce un suceso de muerte por violencia de género, o de agresiones graves regulado en la Instrucción 3/2019 de la Delegada del Gobierno en Castilla y León sobre actuaciones en las subdelegaciones del Gobierno en caso de muerte o agresión grave.

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