La Junta ha recibido más de 1.800 alegaciones a la futura ley de caza
Las solicitudes las han presentado asociaciones agrarias y propietarios de casas rurales
Los ganaderos de leche piden ayuda a la administración. JEFFREY ARGUEDAS
El borrador de la ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos, la futura modificación de la Ley de Caza de Castilla y León actual, ha recibido más de 1.800 alegaciones en el periodo de información pública al que ha sido sometido el texto, por lo que preparará una «nueva versión» para trasladarla al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo.
El texto ha contado este lunes con el visto bueno del Consejo Regional de Medio Ambiente, desarrollado de forma telemática por sus integrantes, para continuar con la tramitación de un texto normativo que viene a enmendar la modificación realizara en el último momento de la pasada legislatura para sortear la situación generada por los reveses judiciales a varios planes de caza de la Comunidad, que en la práctica iban a paralizar la práctica de esta actividad.
Las alegaciones al documento han sido presentadas por 162 personas o entidades diferentes, entre ellas las organizaciones profesionales agrarias, propietarios de casas rurales y guías ornitólogos, por lo que, de media, cada una de estas ha presentado once.
Tras estas tramitaciones y las modificaciones que introduzca la Consejería, será el turno del Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo, como fase previa a las deliberaciones del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, que será el órgano que aprobará el proyecto de ley definitivo que remitirá para su debate en las Cortes de Castilla y León.
Fue el 17 de diciembre pasado cuando el Gobierno de Castilla y León emprendió el tiempo de información publica de esta futura normativa, con el ánimo de sustituir a la vigente desde 1996, pero especialmente para solventar de forma definitiva los motivos por los que los planes de caza de la Comunidad han sido denunciados y cuestionados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y llevados ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.
El recurso del Defensor del Pueblo se basa en que la modificación se aprobó sin los estudios necesarios y con la intención de eludir el cumplimiento y dejar sin efecto los autos del Tribunal Superior de Justicia de