La Junta llevará a Europa su ley de brecha de género y conciliación

ical | madrid

Castilla y León se encargará de coordinar una postura común de las comunidades autónomas sobre conciliación de la vida laboral y personal y sobre la brecha salarial de género para elevarla a la Unión Europea en el próximo Consejo de Ministros de la UE, dedicado a los temas de empleo y servicios sociales, que se celebrará en junio.

Así se acordó en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad que decidió así aprovechar la experiencia de la Comunidad derivada de la reciente elaboración y aprobación en Castilla y León de la primera Ley en España que promueve en el ámbito público y privado medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la eliminación de la brecha salarial de género.

Esta Ley, recordaron desde la Junta, se consensuó en el Diálogo Social. Por un lado, refuerza la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres. Por otro, trata de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la promoción laboral con la finalidad de eliminar la brecha salarial de género.

Asimismo, la Conferencia acordó destinar a Castilla y León ocho millones de euros de fondos estatales contra la violencia de género, o lo que es lo mismo, el 7,4 por ciento de los 100 millones de euros contemplados para 2019 en el Pacto de Estado en esta materia, más otros 586.000 euros de créditos para programas habituales.

Esas cantidades se repartieron en la reunión celebrada en Madrid a la que asistió el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, Carlos Fernández Carriedo. Al término del encuentro destacó que los fondos acordados convierten a la Comunidad en «una de las más beneficiadas» y demuestra que tiene un «peso relevante» derivado de cómo se están haciendo las cosas en la lucha contra la violencia de género. La mayor parte de esos fondos, en concreto 7,4 millones, proceden del acuerdo del Pacto de Estado que se aprobó en 2017, en la «época del anterior Gobierno» con «un amplio consenso» y que el actual Ejecutivo «está desarrollando y cumpliendo también». Castilla y León, dijo, es «una de las comunidades más beneficiadas» debido a que «cuando se negoció el pacto en 2017, incluimos las variables que más nos convenían». Esas variables, aclaró, son la «ruralidad» que hace que la prestación de servicios sea «más costosa» que en los núcleos urbanos, la dispersión geográfica, «la violencia de género hacia mujeres de mayor edad» y una «elevada ejecución en años precedentes» de las partidas destinas a combatir esta lacra, a pesar del «escaso margen» que el Gobierno ha dado a las comunidades autónomas por la tardanza del último ejercicio a la hora de habilitar estos fondos.

Respecto a la ejecución presupuestaria, es decir, la que cantidad de los fondos que corresponden a cada autonómía y que se acaban finalmente empleando, el consejero desveló que Castilla y León tiene el grado de ejecución «más alto» de todas las comunidades, lo que le permite «acceder a más fondos y a gestionarlos en mejores condiciones que el resto».

Con ello, según la Junta, la Comunidad ha mantenido los servicios y programas sobre violencia de género que ya veía desarrollando y, además, ha puesto en marcha nuevas actuaciones en el último año. Una de ellas es la del desarrollo en la Comunidad de diez nuevas prestaciones para víctimas de violencia de género incorporadas en el catálogo de servicios sociales. Además, el Gobierno autonómico ha regulado la Red de centros y casas de acogida para víctimas, y ha puesto en marcha un sistema único de información.