La Junta se niega a responder al Gobierno de Sánchez porque no hay plan antiaborto
Castilla y León redobla su pulso son el Ejecutivo central a cuenta de las medidas antiaborto anunciadas a bombo y platillo por Vox hace una semana, y que el PP se afana desde entonces en contextualizar dentro de una mejora asistencial que incluye a todas las embarazadas negando que se les vaya a obligar a medidas como escuchar el latido fetal para que reconsideren su decisión.
El Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, la única gobernada en coalición por las formaciones que presiden a nivel nacional Alberto Núñez Feijóo y Santiago Absacal, decidió ayer «inadmitir» el requerimiento que se le remitió desde el Ministerio de Sanidad para que explique si se obligará a los profesionales sanitarios a informar a las solicitantes de aborto sobre la posibilidad de escuchar el latido fetal u observar una ecografía en 4D. Todo ello, según la intención confesada por Vox, para disuadir a estas mujeres de que desistan en su interrupción de la gestación, permitida libremente, según establece la ley de plazos de 2010, hasta la semana 14 de embarazo.
El argumento de la Junta, que asegura está respaldado por sus servicios jurídicos, es que ese nuevo protocolo al que se refiere el requerimiento de Sanidad simplemente no existe, por mucho que García-Gallardo informase de su «inmediata» entrada en vigor hace una semana en sede oficial. Por lo tanto, prosigue el Ejecutivo autonómico, no hay por qué dar cuenta de una norma o medida que ni ha sido implementada ni se hará.
El portavoz del gobierno de Castilla y León, Carlos Fernández Carreido, recalcó ayer que las modificaciones propuestas por la Junta se limitan a mejorar las prestaciones de todas las mujeres embarazadas, que serán voluntarias para las pacientes y que estarán sujetas al criterio profesional del personal médico.
Fernández Carreido estaba sentado junto a García-Gallardo el pasado jueves cuando el líder de Vox en CyL informó de que los médicos de la comunidad autónoma pasaban a estar obligados a informar a las solicitantes de aborto de las pruebas a las que tendrían acceso. Entonces guardo silencio. Una semana después, el portavoz reconoció que quizá «las cosas se podrían haberse explicado mejor».
Pese a reconocer errores de comunicación, Fernández Carreido apenas clarificó cuáles son las mejoras asistenciales que se implementarán y se limitó a despejar balones fuera ante la avalancha de preguntas de periodistas que se le vino encima tras el Consejo de Gobierno, la primera ocasión en la que el presidente Alfonso Fernández Mañueco y García Gallardo se veían las caras tras el estallido de la polémica. El portavoz no quiso o no logró detallar si las nuevas medidas incluirán las abanderadas por Vox.
Ofensiva del Gobierno
La respuesta desde Madrid a la decisión de la Junta fue inmediata. Fuentes del Gobierno destacaron que «un requerimiento no se inadmite, solo se contesta». Y añadieron que, frente al argumento de la Junta de que no hay ningún protocolo aprobado, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional «prevé la actuación jurídica conocida como la vía de hecho, que permite requerir el cese de un anuncio normativo si vulnera la ley o las competencias».
Pedro Sánchez también se refirió poco después al choque institucional en su comparecencia junto al presidente francés, Emmanuel Macron. El jefe del Ejecutivo español zanjó que no admitirá «ambigüedades» en la defensa de los derechos de las mujeres. También conminó a Castilla y León a que, «como sabe cualquier conocedor del derecho administrativo», responda al requerimiento enviado y defendió la legítima implicación de su Gobierno una vez tuvo conocimiento de «este acuerdo o no acuerdo» para tratar de disuadir a las mujeres de interrumpir su embarazo.
Sánchez negó cualquier interés de crear polémicas por estrategia electoral —como denunció el portavoz de la Junta— pero dejó claro que el Ejecutivo central recurrirá a la justicia para evitar que las solicitantes de aborto deban atenerse a las medidas defendidas por Vox.
Los ministros Bolaños, Darias o Rodríguez ya avanzaron a lo largo de esta semana que el Gobierno recurrirá a todas las vías jurídicas para frenar los planes de la Junta de Castilla y León, incluso a la del Tribunal Constitucional. Queda por ver el recorrido que tendría esta ofensiva judicial ante un protocolo que nadie aún conoce y que, asegura la Junta, no existe.