La Junta rebaja 0,5% el tramo autonómico del IRPF en la primera medida del pacto PP-Vox

El nuevo Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó ayer, como primera medida del pacto PP-Vox, una bajada del mínimo del tramo del IRPF autonómico de la Comunidad del 9,5 al 9 por ciento, que tendrá un impacto de 80 millones de euros en los bolsillos de los contribuyentes de la autonomía en los próximos cuatro años.

La medida forma parte de un paquete económico aprobado ayer por el gobierno de coalición entre el PP y el partido de Abascal, que se ha estrenado con la aprobación de un plan anticrisis dotado de 470 millones de euros

La rebaja del tramo autonómico es una de las 75 medidas y 20 ejes del plan para luchar contra la crisis que ha centrado el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo del PP y Vox en Castilla y León. La Junta pondrá 470 millones, según anunció el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, con otros 335,4 millones a mayores si el Gobierno central aplica propuestas como el Iva superreducido (260 millones) y un fondo específico de ayuda a sectores afectados por la crisis.

El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, precisó en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno —en la que participó Mañueco pero no el vicepresidente Juan García-Gallardo— que esa reforma de rebaja fiscal debe hacerse mediante proyecto de ley, que se trabajará en la última parte de este 2022, pero el efecto de la misma será a 1 de enero de este año.

LA REPERCUSIÓN

Como ejemplo de lo que puede suponer esa rebaja fiscal, un contribuyente con una cuota líquida de 12.450 euros pagará 35 euros menos al año, y 105 menos respecto a otras comunidades con tipos más altos. En el caso de una familia con declaraciones separadas de los dos cónyuges serán 70 euros y 210 anuales.

Acompañado de Fernández Carriedo en el atril de la rueda de prensa, aunque con la presencia del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), Mañueco sostuvo que esa rebaja del IRPF en el tramo autonómico deja a la Comunidad con el segundo tipo mínimo del conjunto autonómico, que además supone «la mayor bajada de impuestos» de la historia de la Comunidad.

Esta rebaja del IRPF, que tendrá carácter retroactivo para 2022, es una medida en la que ya estaban trabajando de forma «discreta, seria, sensata y responsable» los dos partidos que conforman el nuevo ejecutivo regional, que se estrena con ese plan contra la crisis, «ambicioso y abierto», con capacidad de adaptarse a la situación.

Además del IRPF, el plan recoge otras rebajas fiscales para el medio rural por 15 millones de euros y 275.000 beneficiarios y tres meses en los que los que no tendrán que pagar las tasas de titularidad autonómica ni el colectivo de transporte en carretera ni los servicios veterinarios, con un impacto de medio millón de euros.

Otra medida recoge 45 millones de euros en ayudas para las familias vulnerables de la Comunidad, en coordinación con las corporaciones locales, para ayudar a las familias que peor lo están pasando.

UN 15% MÁS DE MEDIA

Se incrementará además un 15 por ciento el importe de la Renta Garantizada de Ciudadanía que opera en la Comunidad para las familias que más lo necesitan durante tres meses.

Otras medidas requieren el respaldo del Gobierno central, ya que se plantea mantener la rebaja del impuesto de la electricidad en lo que dure la crisis, que supondría 100 millones a las arcas de Castilla y León. Y un IVA superreducido en electricidad, gas e hidrocarburos, que supondrá otros 260 millones anuales.

AYUDAS A LA NATALIDAD

Las medidas anunciadas recogen nuevas ayudas a la natalidad en función del número de hijos, con un máximo de 2.500 euros por vástago y se convocará el ‘bono concila’ para familias trabajadoras con niños entre cero y tres años para servicios de conciliación. Además, se agilizará el pago del bono térmico a sus más de 83.000 beneficiarios.

La Junta aumenta las cuantías por desplazamientos para recibir asistencia sanitaria, con 0,6 millones, o para financiar contratos temporales para investigadores visitantes por cuatro meses para docentes ucranianos, con 0,7 millones. En cuanto a la ayuda a los refugia

dos de Ucrania tendrá inicialmente una dotación de diez millones de euros para un mayor gasto en sanidad, educación y servicios sociales.

Otro paquete de medidas incide en el empleo, con 20,7 millones para adquirir competencias profesionales y promover la contratación de los jóvenes. Y otros 17,5 millones supondrán las medidas para las empresas, con una nueva línea de financiación de préstamos blandos de Iberaval para empresas de Castilla y León directamente afectadas por el conflicto de la invasión rusa a Ucrania. Serán préstamos de hasta 100.000 euros con dos años de carencia y 10 de amortización, sin intereses.

ESTACIONES DE SERVICIO

La Junta habilitará de manera urgente una nueva línea para la financiación de las Estaciones de Servicio, en la medida que estén soportando el coste financiero derivado del anticipo al consumidor del ajuste del precio del litro de combustible. Se bonificarán préstamos de entre 6.000 y 300.000 euros para autónomos y microempresas, y hasta 700.000 euros para el resto.

En agricultura y ganadería, con medidas con un impacto de 68 millones, destaca que a partir del 16 de octubre se pagarán los anticipos de la PAC, incrementados al 70%, y el pago de un anticipo del 85% de ayudas agroambientales y agricultura ecológica, así como de las ayudas a zonas con limitaciones productivas en montaña y fuera de montaña.

Y para paliar el incremento de costes, se van a aprobar en los próximos meses ayudas directas, por importe de 10 millones para el sector agrario, especialmente a la ganadería, que completarán las ayudas que se concedieron a finales de 2021 por 8,5 millones.

El Consejo ratificó la prórroga presupuestaria de las cuentas 2021 aunque los fondos Next Generation de la UE permitirán acercarse a los 12.800 millones de euros en lugar de a los 12.300 iniciales.

TRABAJAR DESDE EL PRIMER DÍA

«Es el primer día de trabajo del Gobierno, de este gobierno del que se dicen tantas cosas, desde el primer día, se trabaja en generar más derechos económico y sociales», dijo Fernández Mañueco, que insistió en que la «gran prioridad» del gobierno es apostar por la recuperación económica y social.

El presidente de la Junta reprochó la «doble vara de medir» de los sindicatos al valorar la acción de gobierno del central y el autonómico aunque confió en que no afecte al Diálogo Social.