La Junta rechaza recibir el IVA con cargo al fondo covid

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, avala que el Gobierno central pague el próximo año la liquidación del IVA de diciembre de 2017 que adeuda a la Comunidad y que asciende a 182 millones, pero rechaza que ese dinero se detraiga del fondo covid no reembolsable para el próximo ejercicio. En un descanso del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró ayer de manera telemática, Fernández Carriedo recordó que aunque el cumplimiento de la sentencia del IVA se dilate hasta 2022, los intereses siguen corriendo y son unos 455.000 euros mensuales, a contar desde mediados de abril pasado.

El titular de Economía y Hacienda valora que el Ministerio vaya a cumplir con todas las autonomías en el pago del IVA, tras abrir la puerta, vía judicial, primero Castilla y León y luego Galicia, ya que supone un beneficio para todos los ciudadanos de España, pero insiste en que el pago de la liquidación del IVA no sea a costa de disminuir el fondo covid que debe haber para las comunidades el próximo año, ya que la pandemia no ha concluido y se mantienen gastos como los derivados para contratar a 1.300 profesores que permitan las ratios de seguridad adecuadas o para hacer frente a las vacunas que habrá que poner el próximo año o en servicios sociales. En cuanto al objetivo de déficit para 2022, que pasa del 1,1 de este ejercicio, a la mitad, el 0,6, Carriedo defiende que «lo más razonable es que haya un reparto equilibrado del déficit entre el Estado y las comunidades», que son las que tienen que soportar los servicios esenciales de educación, sanidad y servicios sociales, entre otros.

Según se expuso ayer, todas las comunidades autónomas verán mejorada en 2022 la financiación que reciben del Estado a través del sistema de financiación autonómica, con subidas que van del 2,7% de Baleares al 8,0% de La Rioja y que llegan al 13,7% para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

De esa cantidad, Cataluña recibirá 21.057 millones de euros, un 6,8% más; Andalucía 20.943, un incremento del 6,7%; Madrid 15.755, un aumento del 5,1% y la Comunidad Valenciana 10.270, un 5,5% más.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que uno de los principales objetivos del Gobierno es «que nadie se quede atrás y mucho menos las administraciones públicas responsables de proveer servicios». Avanzó que se convocará otro consejo antes de que acabe el año, cuando el Ministerio disponga ya del documento relativo al criterio para el reparto de los fondos, que se comprometió a tener en noviembre, y que el próximo lunes se reunirá la Conferencia sectorial de fondos europeos para abordar este asunto, que ayer no le parecía pertinente incluir en el debate.