La Junta y UPL chocan en las Cortes de CyL y alejan un posible acuerdo

La Junta de Castilla y León, con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, al frente y el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, alejaron ayer posturas en un áspero debate parlamentario, con reproches mutuos sobre corrupción y sobre vinculaciones con el «sanchismo».

Este intercambio de golpes llega en un momento en el que los partidos que sustentan al Gobierno querían abrir una negociación presupuestaria con UPL para tratar de alcanzar algún acuerdo que evite que todo dependa del procurador de Por Ávila, ya que PP y Cs necesitan al menos la abstención o el voto favorable de al menos un integrante de la oposición.

Ambos empezaron suave su cara a cara ante el Pleno de las Cortes: Santos formulando la pregunta tal y como estaba prevista —«¿Considera adecuado el apoyo al emprendimiento en Castilla y en León?»— y Carriedo inició su respuesta con palabras ‘de manual’ para estos casos, al referirse a que su departamento trata de «crear las mejores condiciones posibles» para los emprendedores.

Pero en sus siguientes intervenciones elevaron el tono. Santos criticó la escasa utilización de las ayudas covid para empresarios de la hostelería y el turismo, con un porcentaje de inejecución del «74%» frente al «64%» a nivel nacional y dejando sin utilizar 180 de los 232 millones posibles. Y luego concretó sus críticas en el caso del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco, en la provincia de Zamora, con el que el representante de la UPL ve «una vuelta de tuerca más» en las «trabas» y «dificultades para el emprendimiento» que en su opinión plantea la Junta de Castilla y León ante esta iniciativa, a la que ha atribuido hasta «3.000 empleos verdes» en esta zona deprimida económica y demográficamente de la Comunidad.

«Se les conocerá a ustedes, más que por apoyar estos proyectos, por sus presuntos casos de corrupción», dijo antes de citar los casos de la Perla Negra, la trama Eólica, la gestión de los fondos Miner, las primarias del PP, entre otros. «Ese es su modelo de emprendimiento», acusó.

En su réplica, Carriedo se centró en responder a la crítica sobre las ayudas covid a empresarios del sector turístico y hostelero, sobre lo que argumentó que las ayudas estatales han sido «un fracaso», pero mientras la Junta lo dijo «desde el principio», el representante de la UPL se limitó a «apoyar al señor Sánchez».

El consejero afirmó que los datos aportados por el portavoz de la UPL no eran ajustados a la realidad, ya que la Junta no ha devuelto fondos al Gobierno al entender hay plazo hasta el 30 de junio de 2022 y que según los cálculos de la Junta ha dado ayudas por importe de 107 millones de euros a 14.300 de los 19.000 solicitantes hasta noviembre. «Lo que pasa es que usted es un gran alumno aventajado del sanchismo», criticó Carriedo para finalizar.

Tampoco la Junta acercó posturas con Por Ávila ayer. Mañueco dijo que el problema de infraestructuras que arrastra Ávila y otras zonas de la Comunidad está generado por el Gobierno de España y del presidente Sánchez, que «no tiene entre sus prioridades las infraestructuras para Castilla y León».

En el pleno, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió al PSOE «calma» y que «deje trabajar a la Justicia» ante los casos que investiga de supuesta corrupción de exaltos cargos del Gobierno autonómico, empresarios —Perla Negra y Eólicas— y el PP de Salamanca —por el caso Primarias—, y rechazó dimitir como le piden los socialistas.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos por León, Francisco Javier Panizo, reivindicó que «la ampliación del Parque Tecnológico de León es fruto del trabajo, la perseverancia y la persecución de ideas» de su partido.

La procuradora autonómica Nuria Rubio condenó las «declaraciones vergonzosas» de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades Isabel Blanco y condenó la irresponsabilidad de la Junta al afirmar que un 95% de las personas que perciben el IMV han abandonado la búsqueda de empleo.