viernes. 27.01.2023

La futura Ley Agraria de Castilla y León condicionará las ayudas públicas al tamaño de las explotaciones, al tiempo que impulsará la modernización del campo con medidas que faciliten el acceso de los jóvenes al sector. También, servirá para crear la figura del mediador de la cadena de valor para defender a los agricultores. En concreto, se encargará de controlar y denunciar las prácticas abusivas que pudieran detectarse entre los productores y la industria o cualquier otro intermediario, y podrá presentar denuncias ante el Tribunal de la Competencia en nombre de agricultores y ganaderos, según informó la Agencia Ical.

El ajuste de las ayudas públicas al tamaño será «una forma de racionalizar el gasto y evitar que haya excesos de ayudas públicas bajo el criterio privado», explica la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, que precisa que la filosofía de la norma pasa por adaptar el sector agrario a la actual PAC, evitar los desequilibrios de la cadena de valor y regular la calidad. «Nunca ha habido una norma con rango de ley para definir la situación agraria y queremos clarificar todo el conjunto normativo, que los empresarios agroalimentarios, los agricultores y los ganaderos vean en un único texto todos los compromisos y estrategias que planteamos al sector. Se trata de hacer más fácil la vida a quienes bien en el campo y del campo», resume la consejera.

Entre otras novedades, la norma implicará crear un banco de tierras que funcionará como un registro que conectará la oferta de las parcelas rústicas o cultivadas con las demandas de los agricultores. Además, se regulará la concentración parcelaria con carácter privado; se realizará una nueva clasificación de las infraestructuras para facilitar la iniciativa privada y se establecerán fórmulas alternativas de financiación. El anteproyecto incluye una nueva regulación de los mercados, lo que se conoce como lonjas, y también busca instrumentos para conseguir el equilibrio de la cadena de valor y que los productores obtengan precios que les permitan cubrir los costes.

La Ley Agraria vinculará las ayudas al tamaño de las explotaciones
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