Luz verde al proyecto para cambiar la Ley de Ordenación del Territorio

La Junta aprobó ayer el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de «avanzar en la ordenación territorial de la Comunidad, especialmente en el ámbito rural». Así lo aseguró el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, quien reconoció que ya ha mantenido contactos con «varios grupos» políticos para poder sacar esta medida «cuanto antes» en las Cortes autonómicas, aunque no desveló con quién y si garantizaron su apoyo.

Igea incidió en que «la participación activa, la simplificación y la flexibilización» son los tres principios que sustentan este procedimiento conducente a la modificación de la normativa, después de «más de ocho años paralizada».

La nueva norma suprime el requisito anterior de una mayoría cualificada de dos tercios para aprobar aspectos como el mapa de áreas funcionales rurales, por lo que una mayoría simple ahora valdrá para sacar estos mapas adelante, aunque para ello PP y Cs necesitan sumar el voto afirmativo de al menos un procurador en las Cortes, después de que perdieran la mayoría absoluta en la Cámara con la marcha del Grupo de una representante de Cs.

Para el vicepresidente, que la aprobación de estos mapas requiriera, como ahora, una mayoría cualificada es un «error de diseño» de la ley actual que ha propiciado que acumule «años de retraso», ya que es una ley pensada para «un mundo de ángeles, pero tenemos el Parlamento que tenemos y las leyes tienen que hacerse para ser posibles».

Los objetivos de esta modificación normativa son «mejorar el fomento del modelo territorial, definiendo nuevos espacios geográficos esenciales que constituyan la referencia espacial para efectuar la reorganización del territorio; coordinar la planificación sectorial de los servicios autonómicos y locales; y adecuar progresivamente al nuevo modelo los servicios que presta la Junta».

El modelo busca «fortalecer los municipios rurales» partiendo del reconocimiento de las actuales entidades locales asociativas tradicionales, poniendo a disposición de las administraciones locales otra fórmula de asociación municipal por la que pueden optar de forma totalmente voluntaria, si considera que con ello se garantiza de forma más eficaz y eficiente los servicios locales a su vecindad. Esta figura asociativa se ofrece a los municipios por entender que se pueden considerar otras opciones en la gestión en común de los servicios públicos.