Patronal y sindicatos piden que Mañueco frene a la consejera Amigo
Acusan a la responsable de Empleo de querer convertir el Serla en una fundación privada
Raúl Santa Eufemia (UGT), Fernando Fraile (CCOO) y David Esteban (CEOE CyL) en la pantalla. NACHO GALLEGO
UGT, CCOO y la patronal CEOE han exigido ayer la intervención del presidente de la Junta de Castilla y León en el conflicto que mantienen con la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, sobre la Fundación Serla y ante el «colapso» de este servicio público de mediación y arbitraje laboral.
El secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, y los secretarios autonómicos de Acción Sindical de CCOO, Fernando Fraile, y Política Sindical de UGT, Raúl Santa Eufemia, han reclamado la intervención del presidente Fernández Mañueco para resolver el conflicto del Serla y con esta intención ya le han dirigido una carta los responsables autonómicos de los dos sindicatos y de la patronal.
En una rueda de prensa telemática, en la que han señalado que estudian la posibilidad de acudir de nuevo a los tribunales para resolver el «colapso» que, a su juicio, sufre el Serla en Valladolid debido a la falta de personal, han denunciado «el acoso y derribo» al que, según ellos, somete la Consejería de Empleo a la fundación.
A juicio de los representantes sindicales y de la patronal, detrás del «colapso» del Serla, al que la Consejería de Empleo e Industria, ha reducido el personal, está la propuesta de la consejera Ana Carlota Amigo de convertir el Serla en una fundación privada cuando ahora lo es publica y de que los sindicatos y la patronal participen en su financiación.
Han señalado que la extensión de las oficinas del Serla a todas las provincias de la comunidad y a Ponferrada pedida por los sindicatos y la patronal se encuentra paralizada, a pesar de que el Patronato llegó a aprobar para ello en 2019 la contratación de 34 personas.
Después de recordar que una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2020 ya reconoce la competencia del Serla en la resolución extrajudicial de conflictos laborales individuales, el secretario de Política Sindical de la UGT de Castilla y León ha asegurado que la Consejería de Empleo redujo el personal de la oficina de Valladolid, lo que ha desembocado en su «colapso» con el peligro que supone para el cumplimiento de los plazos en los conflictos planteados y la posibilidad de que sean trasladados a la vía judicial.
Raúl Santa Eufemia, después de enfatizar que todas las comunidades autónomas tienen órganos que se encargan de la resolución extrajudicial de conflictos laborales, ha argumentado que esta vía es más eficaz, tanto para el trabajador como para el empresario, y que el coste es menor, unos 300 euros en el Serla y unos 3.000 euros de media en la jurisdicción de lo social.
David Esteban ha advertido de que «no cabe» la cofinanciación de la estructura y del funcionamiento del Serla, al tratarse de un servicio público que tiene que ser cubierto por las administraciones, lo que ha sido ratificado por los representantes de UGT y CCOO que han manifestado su «oposición frontal» a que sindicatos y patronal participen en el mantenimiento de la Fundación.
Fernando Fraile, quien ha asegurado que no dotar de los suficientes medios al Serla es ir «contra» el acuerdo que se alcanzó con el anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha acusado a la Consejería de Empleo de «poner palos en las ruedas» de la Fundación, pero ha advertido de que los sindicatos y la patronal se van a «defender».
El responsable de CCOO y el de la CEOE han dejado patente que este conflicto no va a afectar al funcionamiento del diálogo social en Castilla y León y que van a seguir trabajando con sus propuestas en las distintas mesas abiertas.