‘La Perla Negra’ llega a la Audiencia con peticiones de cárcel para doce acusados
El denominado caso de ‘La Perla Negra’ que investiga delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, en el que figuran imputadas doce personas, entre ellos la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, será enjuiciado por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid.
La causa ha llegado ya al tribunal que preside el magistrado Francisco Pizarro, si bien para la misma ha sido designado como ponente su también compañero de Sala Miguel Angel de la Torre, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
petición de penas
Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.
En el caso de la Fiscalía de Valladolid, las penas más elevadas se solicitan para la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de 11 años de privación de libertad para cada uno de ellos.
En su escrito, Fiscalía imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.
Por ello, a mayores de las referidas penas privativas de libertad, interesa para el primero su inhabilitación por espacio de 29 años y de 20 para los otros dos.
En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.