PP y Vox piden que las cárceles de CyL no sean para traer presos peligrosos desde el País Vasco

Las Cortes de Castilla y León instaron ayer, con los votos sólo de PP y Vox, a la Junta a que pida al Gobierno que deje de utilizar las cárceles de Castilla y León para derivar presos peligros de las prisiones del País Vasco «con el fin de pagar sus deudas políticas». UPL-Soria YA, Ciudadanos y Por Ávila se abstuvieron y el PSOE y Unidas Podemos la rechazaron.

La iniciativa de Vox debatida en el pleno reclama al Ministerio del Interior que reconozca como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones y les dote de un estatuto propio que identifique sus funciones y permita el establecimiento de una «verdadera» carrera profesional.

El portavoz del Grupo Vox, Carlos Menéndez, que defendió la proposición no de ley, denunció que las prisiones vascas están liberando plazas para acoger a presos etarras, para lo que envía a los reclusos más conflictivos a otros centros penitenciarios, como los ubicados en Castilla y León. Esto, indicó, se produce desde 2011, cuando se traspasaron al País Vasco las competencias sobre esta materia y tras el fin de la dispersión de los reos condenados por terrorismo.

Menéndez, que saludó a los miembros del sindicato Acaip que seguían el pleno desde la tribuna de invitados, aludió a la situación de la prisión de Dueñas (Palencia), donde aseguró las agresiones graves se han quintuplicado en los dos últimos años, pasando de nueve a 45. Esto, dijo, la convierte en la quinta con más agresiones y a Topas (Salamanca), como la sexta. Además, recordó lo sucedido en Mansilla de las Mulas (León) y pidió que los trabajadores sean reconocidos como agentes de la autoridad.

El popular Raúl Hernández defendió el compromiso del PP con la mejora de las condiciones de los funcionarios de prisiones, con su reconocimiento como agentes de la autoridad y con un nuevo estatuto. Además, aseguró que Grande-Marlaska es el ministro que «menos ha trabajado» y que más ha mentido a Castilla y León, porque mantiene cerrado el módulo de ingreso del Hospital de Salamanca.

La socialista Yolanda Sacristán, que hizo un reconocimiento a los 1.400 funcionarios de prisiones que trabajan en ocho centros penitenciarios de la Comunida, aseguró que la dispersión de presos desde las cárceles vascas se debe a la capacidad limitada de las prisiones de esa comunidad. Los traslados», dijo se ajustan «total y absolutamente a la legalidad» y recordó que Vox llega tarde porque el PSOE lo ha propuesto ya en el Congreso de los Diputados y trabaja con los sindicatos mayoritarios en un nuevo estatuto.

«Desmontadas todas sus mentiras», dijo la procuradora socialista a Vox, destaco que ellos avanzan con hechos frente a las declaraciones de intenciones de Vox, mientras su portavoz criticó que la reinserción de la habló la procuradora se traduzca en la presencia de condenados por terrorismo y delitos de sangre en las listas de Bildu en las pasadas elecciones municipales y autonómicas.

El leonesista José Ramón García criticó que el Gobierno Vasco se deshaga de los presos conflictivos, enviándolos a la Comunidad, en especial, a Dueñas (Palencia), haciendo que haya ciudadanos y procuradores de primera y de segunda. No obstante, pidió la votación por separado de los puntos de la proposición. En nombre de Ciudadanos, Francisco Igea, apoyó que se considere a los funcionarios de prisiones como autoridad para que se les proteja en la medida que es posible. Sin embargo, apostó por guardar para septiembre la demanda dirigida a Interior no vaya a ser que el PP tenga que pactar con el PNV para acceder al Gobierno, tras las elecciones generales del 23 de julio.