Puente se rebela y no permite a los bomberos salir fuera de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado ayer que, ante la falta de acuerdo con la diputación provincial sobre el coste de financiación del Servicio de Extinción de Incendios en los municipios del entorno de la capital, dará los pasos necesarios para que la Agencia de Protección Civil a partir del próximo 1 de enero no derive a los bomberos de la ciudad los avisos que procedan de otros municipios.

El regidor vallisoletano ha comparecido ayer junto al concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Palomino, en una rueda de prensa que ha asegurado que tenían prevista desde hace días y que no ha sido una consecuencia de que ayer se conociera que el portavoz del Grupo Popular de la diputación provincial, Agapito Hernández, del PP, había grabado la reunión que mantuvo con el edil de la capital sin su consentimiento y la había difundido «por error» en un grupo de Whatsapp.

Óscar Puente ha centrado su intervención en subrayar la postura del Ayuntamiento de Valladolid en la negociación de este servicio que prestan los bomberos de la capital en 36 municipios y entidades de su entorno y en defender que el equipo de Gobierno «siempre estará abierto a llegar a una solución» en favor del «interés general» de los 100.000 ciudadanos de la provincia que viven en dichas localidades.

Sin embargo, el regidor observa una «nula voluntad» de la institución provincial para llegar al acuerdo, por lo que Puente ha asegurado que el ayuntamiento dará pasos para solicitar a la Agencia de Protección Civil y Emergencias que no derive a los bomberos del ayuntamiento los avisos procedentes de municipios de la provincia, ya que a partir del 1 de enero ya no existirá convenio entre ambas administraciones y el consistorio no tendrá obligación de prestar ese servicio.

«Otra cosa es que haya una tragedia y el ayuntamiento no se cruce de brazos, pero si eso es a lo que aspira la diputación, pues fenomenal», ha ironizado el regidor socialista, que ha recordado que en 2019 los bomberos de Valladolid capital intervinieron en municipios de la provincia en 400 ocasiones, «más de una al día», algo que ya no se hará si no hay acuerdo para renovar el convenio.

Puente también se ha referido a la difusión de la grabación no autorizada por parte del diputado Agapito Hernández, un representante con el que ha destacado que el ayuntamiento, tanto él como el concejal Palomino, han tenido un trato «afable» hasta ahora, sin problemas, pero que el martes grabó el contenido de la reunión en la que ayuntamiento y diputación retomaban las negociaciones sobre el asunto después de un primer anuncio de ruptura por parte del alcalde hace dos semanas.

GRABADO SIN AUTORIZACIÓN

El regidor ha calificado este hecho de «sin precedentes» en lo que ha conocido de las relaciones institucionales, pues ha apuntado que en las negociaciones para la formación del Gobierno municipal en 2015 miembros de la extinta formación municipal Sí Se Puede difundieron una grabación que sí que se les había permitido captar. Por ello, tras recordar que ayer el PSOE de la Diputación pidió la dimisión de Hernández, se ha preguntado qué confianza se puede tener «en alguien que hace esto». Además, ha subrayado que si esa grabación se difundió para «dejar al ayuntamiento como el malo, el intransigente, mientras ellos van con buena intención», la actitud del concejal Alberto Palomino no correspondía para nada con ello.

El regidor vallisoletano ha insistido en recordar que la obligación de prestar el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento en las localidades del Alfoz corresponde a la Diputación de Valladolid y ha recapitulado que este convenio tiene una antigüedad de 20 años y que durante 16 de ellos, hasta finales de 2016, la Institución provincial pagaba 150.000 euros y «hacía negocio» pues ingresaba cada año 300.000 euros del Consorcio de Seguros por la prestación de asistencia de accidentes de tráfico.

Hace ahora cuatro años, tras una negociación con tira y afloja y también con anuncios de ruptura de las negociaciones, se llegaba a un acuerdo para incrementar el importe a 600.000 euros. «Aun así el servicio sigue siendo deficitario para el Ayuntamiento», ha recalcado Puente, que ha apuntado que los informes técnicos «fiables» señalan un coste de 2,1 millones de euros para la prestación anual del servicio de Bomberos y Emergencias en los municipios del entorno de la capital, coste que defiende que «no ha sido contradicho» por la Institución provincial.

Por ello, el consistorio en las negociaciones mantenidas en los últimos meses inició con la petición de un incremento progresivo hasta llegar a los 1,4 millones anuales en 2024, pretensión que ahora ha rebajado hasta los 1,1 millones en 2021 y 2022 y 1,2 millones los dos últimos años del convenio, tal y como propuso Alberto Palomino el martes en la última reunión.