miércoles. 17.08.2022

En julio de 1997, Manuel García Castellón, al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 —el mismo que a día de hoy sigue dirigiendo— se encargó del sumario por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. En marzo reabrió la causa para tratar de enjuiciar a los cerebros del asesinato del edil.

Los años noventa y la nueva estrategia terrorista se le grabaron a sangre y fuego hasta el punto de que el auto en el que imputa a los jefes de ETA hace un repaso histórico para enmarcar la ejecución de Blanco. Recuerda el juez que el asesinato del edil vizcaíno fue parte de la «estrategia de desestabilización» del Estado decidida por la cúpula de la banda entre 1993 y 1994. Tras la caída en 1992 de la cúpula de Bidart, los cabecillas terroristas, dentro de esa nueva estrategia, decidieron redoblar su ofensiva con el señalamiento de cargos políticos del PP y del PSOE como objetivos de ETA, intentar atentar contra la Familia Real y otras acciones mediáticas como el secuestrodurante 532, días del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

En 1997, asegura el auto, «el secuestro de un concejal del Partido Popular era una prioridad absoluta para la «dirección» de ETA, acción que había que realizar precisamente en el verano y «lo antes posible». Así consta en los propios documentos emanados de dirigentes de la organización terrorista, en este caso comunicaciones orgánicas manuscritas por el responsable de los comandos «ilegales» de ETA, el ahora imputado ‘Kantauri’.

Regreso a los 90